El priista poblano Juan Carlos Lastiri Quirós está en la lista de funcionarios públicos implicados en la Estafa Maestra, a través de la cual Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue acusada por irregularidades en el manejo de 5 mil 070 millones de pesos y encarcelada en el penal de Santa Martha como prisión preventiva mientras se lleva a cabo el proceso en su contra.
Lastiri, exaspirante a la candidatura al gobierno de Puebla y excandidato al Senado, es uno de los personajes más cercanos a Rosario Robles.
Cuando la experredista fue titular de la Sedeso, él se convirtió en subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional. Posteriormente, fue enviada a la Sedatu y Lastiri se fue con ella como subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.
A Rosario Robles la Fiscalía General de la República (FGR) le imputó irregularidades en el manejo de 5 mil 070 millones de pesos que podría ser el monto que se le exija como reparación del daño, si resultara culpable, más una condena en prisión que podría llegar a 23 años.
La llamada Estafa Maestra consistió en el desvío de recursos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que firmó convenios con un grupo de universidades que, a su vez, subo contrataron otras empresas —en su mayoría fantasmas— para fingir que presentaban el servicio.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) interpuso 6 denuncias penales entre 2015 y 2016 por estas irregularidades.
Animal Político documentó que en total fueron 16 funcionarios de la Sedesol y la Sedatu los que firmaron un total de 28 convenios por 3 mil 258 millones de pesos —entre 2013 y 2016—. Entre los funcionarios se encuentra el poblano Juan Carlos Lastiri, quien firmó un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Juan Carlos Lastiri Quirós Luja, subsecretario de Prospectiva, Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Sedesol, encabezó la firma del convenio multianual por 338 millones de pesos investigado por la Auditoría 246, y que derivó en una denuncia penal (la primera) en octubre de 2015”, publicó el periódico digital.
Solo un mes después de la firma de este convenio, se integró como titular de la Subsecretaría de Desarrollo y Vivienda, y dejó ese encargo en enero de 2018, cuando se fue como candidato del PRI al Senado, y perdió.
Desde ese entonces, despareció de la vida pública, y ha decidido avecindarse en Zacatlán, Puebla, municipio de donde es originario.