Como si se trataran de ideas contrarias, el diputado de Morena en Puebla, Héctor Alonso Granados criticó que su homóloga del PRI, Rocío García Olmedo, haya votado para prohibir la publicidad sexista en Puebla —lo que su parecer es una postura mojigata— y promueva la despenalización del aborto, una idea “liberal”.
Alonso Granados ha comenzado a crear un frente en el Poder Legislativo en Puebla para evitar que pudiera avalarse la despenalización del aborto en la entidad, al que esta mañana se sumó el diputado Carlos Morales, de Movimiento Ciudadano y en el que están, por supuesto, los legisladores de Acción Nacional.
A pesar de militar, recientemente, en las filas de Morena, un partido que defiende principalmente ideas de izquierda, Alonso Granados se reveló como de ultraderecha y propuso que en lugar de abortar las mujeres usen pastillas anticonceptivas.
Refirió que no respaldará la iniciativa de la priista que busca que las mujeres que aborten eviten la prisión y hagan, en su lugar, servicio comunitario.
Para él, esta postura es estar a favor de la vida y hasta dijo, sin pena, que coincide con la ideología del Frente Nacional por la Familia de defender la vida.
El diputado Carlos Morales, de Movimiento Ciudadano, también se sumó a esta idea y dijo que está “a favor de la vida” y no respaldará la propuesta de Rocío García Olmedo.
Durante la Sesión Ordinaria de este lunes la bancada del PAN en el Congreso de Puebla exhibió su lado ultraconservador, pues invitó a integrantes del Frente Nacional por la Familia, para pedir que las mujeres que aborten vayan a prisión.
La iniciativa de la diputada Rocío García propone cambiar el artículo 342 del Código Penal, que incluyen las penas en contra de las mujeres que aborten.
Actualmente, dicho artículo refiere que “se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar”.
Con la propuesta de la priista se pretende que el artículo 342 quede de la siguiente manera: “se impondrán de tres a seis meses de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que otro la haga abortar, o, tendrán de cien a trescientos días de labor comunitaria”.