El Congreso de Puebla liderado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) busca crear un organismo público descentralizado (OPD) para quitarles facultades a los ayuntamientos en materia hacendaria.
De acuerdo con el dictamen de la nueva Ley de Mejora Regulatoria que será nuevamente analizado en la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal tras no tener la aprobación en el pleno, se propone la creación de un Consejo Estatal para que este sea el intermediario entre los Cabildos y Finanzas.
Entre sus funciones el Consejo Estatal tendría la facultad de “rebotar” los acuerdos que hagan los Cabildos como cambios en el pago de impuestos o multas. Este Consejo ordenaría a la SFA la publicación de los acuerdos en el Periódico Oficial del Estado, excluyendo al Congreso del estado.
“XVII. Recibir para su conocimiento por parte de los Enlaces de Mejora Regulatoria, los anteproyectos de leyes, decretos legislativos, actos, instrumentos jurídicos y comunicados oficiales respectivos que formule el Sujeto Obligado correspondiente, así como la información de trámites y servicios”, refiere.
El Consejo estaría presidido por el gobernador del estado y por el titular de Finanzas.
En entrevista el diputado del Partido del Trabajo, José Juan Espinosa acusó que el Consejo Estatal quita facultades a los ayuntamientos, pues sería un intermediario entre la Secretaría de Finanzas y los Cabildos al momento de que estos aprueben multas o cambios en el pago de impuestos.
“Si el ayuntamiento define reglamentos o multas en las contribuciones, como puede ser el pago de derechos, dependería de este organismo descentralizado el ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Estado”, refiere el documento.
OPD no vulnera la autonomía municipal, es una homologación nacional
En entrevista, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LX Legislatura, Gabriel Biestro Medinilla negó que el Consejo Estatal vulnere la autonomía municipal, tal y como lo acusó José Juan Espinosa.
El morenista defendió que solo se trata de una homologación con la Ley de Mejora Regulatoria federal y no un albazo para quitarle facultades a los ayuntamientos y al Congreso.
Sin embargo, Biestro refirió que revisarán nuevamente la iniciativa para que no exista duda alguna.