En el mes de mayo de 1988 se registraron dos motines en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Puebla, mejor conocido como de San Miguel, los hechos violentos le arrebataron la vida a un policía, 17 presos resultaron con heridas de arma de fuego y 10 custodios recibieron lesiones de diversa índole. Además, los talleres de carpintería y de costura fueron incendiados, la enfermería fue saqueada y en el área de los dormitorios la mayoría del mobiliario fue destruido.
De acuerdo a la versión de los presos, la agresión se originó por la falta de capacitación de los custodios, porque al no contar con un protocolo para situaciones en donde una riña se sale de control, los guardias dispararon a los internos sin importarles que la mayoría no había cruzado zonas prohibidas.
Los tumultos al interior del penal de San Miguel originaron una fuerte movilización policiaca en la zona oriente de la ciudad de Puebla. De acuerdo con información del periódico El Sol de Puebla, el ambiente de violencia se calmó cuando las autoridades aceptaron la petición de destituir a Enrique Zárate López de la dirección del Cereso.
La comisión que representó al gobierno del Estado también se comprometió a mejorar la calidad de los alimentos que reciben los presos; aumentaron el suministro de agua potable; y, garantizaron respeto a los trámites de preliberación. Mediante estos puntos de acuerdo, los reclusos entregaron a tres policías judiciales, 12 custodios y dos perros del equipo canino que tenían como rehenes.
Imposibilitado para resocializar
La anarquía que se vivió al interior del Cereso de San Miguel, la tarde del 2 mayo de 1988, se originó cuando autoridades del nivel federal le negaron al preso Eduardo Aldana Cabrera la remisión parcial de la pena por el delito de coparticipación en asaltos bancarios.
Enrique Zárate López, director del penal, explicó en un comunicado que el recluso Eduardo Albina Cabrera incitó a sus compañeros de dormitorio para que agredieran a los custodios del área K cuando se enteró que le negaron su preliberación.
El director del Cereso señaló que Aldana Cabrea no accedió al beneficio de la reducción de su pena porque en el año de 1983 organizó un motín en la cárcel de San Juan de Dios, aspecto que lo convertía en un sujeto sin posibilidades para reinsertarse en la sociedad.
Víctimas de arbitrariedades
El jefe de seguridad del penal, Eduardo Espíndola logró las condiciones para que un grupo de presos y representantes del gobierno estatal entablaran un dialogó. Además, gestionó entre los reos la salida del custodio Hipólito Flores, para que personal médico lo atendiera por una fractura en el cráneo, golpes contusos en el rostro y heridas por arma punzo cortantes en diferentes áreas del cuerpo; asimismo, se trasladó al hospital del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep) a un interno que recibió en la tráquea una bala de rifle calibre 30-M-1, y cuyo estado de salud era grave.
La mesa de diálogo estuvo compuesta por el subsecretario de Gobernación, Ramón López Rubí, el director de Seguridad Pública, José Ventura Rodríguez Verdín, el director del penal, Enrique Zárate López, el subdirector de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General del Estado, Alejandro Cruz Jiménez y los agentes del Ministerio Público Alfonso Rosales Arruti, Vertín Camarillo y Benito Sánchez.
Los internos que representaron las demandas de la población penitenciara fueron: Fernando Ceregido Moreno, Ismael Rosas Márquez, Guillermo González Zamora, Eduardo Aldana y Jorge Pellegrini Poucel, quién fue detenido por participar en el asesinato de cuatro militares, cuyos cadáveres los arrojaron en una barranca, en la carretera México-Puebla-Veracruz, para aparentar que sufrieron un accidente automovilístico.
VER: #ArchivoNegro La masacre de Acultzingo que quisieron hacer pasar por accidente
Los presos demandaron a las autoridades obediencia al reglamento del penal y la destitución de los custodios Jacinto Belem, Carlos Martínez e Hipólito Flores Rodríguez. Además, reclamaron un trato digno para sus familiares, porque cuando los visitaban sufrían diferentes tipos de vejaciones; exigieron un mayor abasto de agua potable; y respeto a los trámites de preliberación.
Continúa la anarquía
Dos días después, se volvió a registrar otro motín en el penal de San Miguel, en el tumulto perdió la vida un policía estatal y un reo lo trasladaron a un hospital de la zona porque recibió un impacto de arma de fuego en el pulmón. El enfrentamiento se originó cuando elementos de la seguridad pública ingresaron a la cárcel para decomisar herramientas y objetos punzocortantes a los internos de los dormitorios K y J.
Los presos demandaban la destitución del director del penal, Enrique Zárate López, exigían que se castigará al custodio Carlos Martínez, persona que dio la orden para que se disparará sobre la población penitenciaria durante la tarde del 2 de mayo; y, pedían que no se juzgará al reo Eduardo Aldana, pues argumentaban que el recluso no participó en el amotinamiento y que fue herido cuando trató de auxiliar a un interno que recibió un impacto por arma de fuego.