La defensa de Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), acudió este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar una denuncia en contra del Juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, por considerar que “actuó de manera ilegal, arbitraria y dolosa”.
Julio Hernández Barros, quien coordina la defensa de la ex funcionaria, Xavier Olea Trueheart, y Magin Puig, litigante que reside en Washington, también solicitaron el apoyo de esta instancia internacional para que su defendida sea puesta en libertad de inmediato.
Por “detención ilegal”, Juez Delgadillo Padierna es denunciado ante la CIDH; abogados de @Rosario_Robles_ piden sea dejada en libertad de inmediato. pic.twitter.com/fb95fNLiry
— Alberto Rubio (@Alberto_Rubio) 27 de agosto de 2019
Desde la sede de la CIDH, ubicada en Washington, interpusieron la denunciacontra el Juez que lleva el caso, “por violar flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes procesales y los tratados internacionales de los que México es parte, cometiendo probablemente delitos contemplados en el Código Penal Federal al decretar una detención ilegal”.
“No cabe duda de que se trata de una detención ilegal, motivo de un Tribunal de Estado, el cual pertenece al Estado Mexicano, al igual que las mismas autoridades responsables que habrían de resolver los recursos pertinentes, cuestión que haría nugatoria la protección de los derechos de la víctima”, dieron los abogados de Robles Berlanga en un comunicado.
Por otro lado, afirmaron que la tardanza en resolver el caso por parte de las autoridades mexicanas, lo único que hace es retardar el acceso a su derecho y prolongar innecesariamente “el ilegal encarcelamiento a que ha sido objeto y que de manera infundada e imparcial el Juez decretó la medida cautelar gravosa e invasiva que se contempla en nuestro ordenamiento legal, es decir, la prisión preventiva”.
Asimismo, los litigantes consideraron que el juzgador cometió una flagrante violación al principio de justificación, mínima intervención y proporcionalidad, ya que “resulta evidente la desproporción entre la medida cautelar impuesta a la hoy víctima y las circunstancias del caso en concreto”.
Con la prisión preventiva, “se conculcan los Derechos Humanos consagrados en los Tratados Internacionales de los que es parte México, en específico los principios de presunción de inocencia, debido proceso, legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley penal, defensa técnica y adecuada, acceso a la justicia y protección de injerencia arbitraria”.
Además, precisaron que presentaron pruebas y argumentos con el objetivo de comprobar “la ilegalidad con la que actuó el Juez”, entre las que incluyen el parentesco confirmado del juzgador con Dolores Padierna, Diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Por ello, la defensa legal de la ex Secretaria de Estado solicitó a la CIDH “se apliquen medidas cautelares, para que cesen de inmediato las acciones que mantienen a la hoy víctima María del Rosario Robles Berlanga privada ilegalmente de su libertad y sometida a un encarcelamiento ilegal y arbitrario por parte del Estado Mexicano”.
A su vez, solicitaron que se tome en cuenta que la ex colaboradora del Gobierno de Enrique Peña Nieto se enfrenta a una situación especialmente grave, pues “la tienen detenida de forma arbitraria, en ausencia total de datos de prueba que justifiquen una prisión preventiva y declarando dogmáticamente que hay riesgo de que se sustraiga a la acción de la justicia, cuando su conducta procesal y el cúmulo de pruebas aportadas demuestran exactamente lo contrario”.
“No cabe duda de que estamos en una situación urgente, se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar, ya que cada día que pasa es un día más que la mantienen privada de la libertad en forma ilegal”, establecieron en la denuncia presentada.
Los abogados explicaron además que el daño que causa la conducta de la autoridad a la esfera de Derechos Humanos es irreparable, lo que se traduce en que una grave afectación sobre sus derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.
Hernández Barros y Olea Trueheart pidieron a la CIDH emitir la recomendación correspondiente a las autoridades que resulten responsables por la violación a los derechos humanos de su defendida y conceder con la urgencia que el caso amerita las medidas cautelares que se solicitan, tomada consideración que la señora María del Rosario Robles Berlanga, se encuentra indebidamente privada de su libertad.