La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) celebró que el nuevo Gobierno de México considere el combate a la corrupción como su principal objetivo y advirtió que si el país no logra acabar con este problema, difícilmente podrá erradicar otros desafíos como la pobreza, la desigualdad y seguridad pública.
“Estamos listos para apoyar a la nueva administración, nos entusiasma que consideren el combate a la corrupción y la promoción de la integridad y transparencia como principal objetivo del Gobierno. Cuenten con nosotros. La fortaleza de un Gobierno depende de la confianza que le tengan sus ciudadanos”, aseguró el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría.
Al presentar el “Informe de Seguimiento del Estudio de la OCDE sobre Integridad en México: Respondiendo a las Expectativas de los Ciudadanos”, el titular de la OCDE también urgió al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador nombrar al Fiscal Anticorrupción y a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, así como dotar al Comité de Participación Ciudadana de mayor solvencia para combatir con su mandato.
“El tema de la corrupción es como el de la salud, se gasta uno 1 peso en la prevención y se ahorra 10 en la cura”, dijo José Ángel Gurría en el evento en el que también estuvo presente la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
El Secretario de la OCDE también habló acerca de la austeridad en el Gobierno. Dijo que la continuidad de las políticas públicas suele verse mermada por la falta de un servicio público profesional. “Ésta es una área en la que habría de sopesar con mucho cuidado el impacto en el recorte de los salarios. Aquí la cuestión de la integridad no debe ser incompatible con la austeridad”, recalcó.
En el 2017, la OCDE entregó a México el estudio sobre la integridad, en el cual se analizó los esfuerzos del Estado mexicano para crear un sistema de integridad pública a través del Sistema Nacional Anticorrupción. También examinó la capacidad del gobierno para promover políticas de integridad relacionadas con conflictos de interés, de protección a los denunciantes, el control interno, la gestión de riesgos, entre otros.
Este 2019, el organismo presentó el “Informe de Seguimiento del Estudio de la OCDE sobre Integridad en México: Respondiendo a las Expectativas de los Ciudadanos”, en donde explicó que México atendió las primeras recomendaciones, sin embargo, siguen pendientes otras más complejas y de largo plazo que requerirán mayor coordinación y recursos.
“El informe de avances advierte que no estamos en una situación en una situación en el que echemos las campanas al vuelo. México sigue enfrentando enormes desafíos en materia de integridad y lucha contra la corrupción”, mencionó José Ángel Gurría.
En primer lugar, dijo, México tiene que seguir fortaleciendo y ampliando el SNA. “Es urgente, por ejemplo, nombrar al Fiscal Anticorrupción y a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, así como dotar al Comité de Participación Ciudadana de mayor solvencia para combatir con su mandato”.
La OCDE señaló que los Comités de Ética, creados para la instrumentación de los códigos de conducta organizacionales y la orientación sobre las políticas de integridad, siguen afectados por una serie de debilidades. Entre ellas, destacó la carencia de conocimientos especializados sobre el tema de los funcionarios electos para servir en los Comités, además de no ser su trabajo principal y del enfoque en la recepción de denuncias.
“Nuestro informe recomienda transformar los Comités en puntos de contacto para la integridad, como los que existen en Alemania y Canadá, con personal dedicado de tiempo completo a la función ética y con tareas exclusivamente preventivas y de orientación”, dijo el Secretario de la OCDE.
La OCDE indicó que el sistema disciplinario en México mantiene un bajo nivel de efectividad y se traduce en un alto nivel de impunidad.
“De acuerdo con un estudio de Impunidad Cero, la SFP sanciona el 13.4 por ciento de las denuncias recibidas, mientras que el Tribunal de Justicia Administrativa anula como el 42 por ciento de las denuncias que presenta la Secretaría, lo cual reduce el porcentaje de denuncias al 8 por ciento, eso responde a diferentes factores como el alto nivel de inexperiencia en el Tribunal y su alto nivel de rotación, sus salarios pocos competitivos, la mala integración de los casos, las pruebas que lo sustentan y escaso personal”, puntualizó Gurría.
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