La Ciudad de México, Chiapas y Michoacán son las entidades federativas con las peores calificaciones en el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE), pues los datos que tienen en sus páginas de internet son insuficientes para que la población conozca en qué se gasta el dinero y a cuánto asciende la deuda local. Estas tres entidades están entre las 10 con mayor deuda.
Según el IIPE, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), estas entidades son las que tienen las peores calificaciones y las únicas que reprobadas dentro del análisis.
El IIPE mide la calidad de la información presupuestal de los estados, y fomenta las buenas prácticas contables. El propósito es eliminar la opacidad en el manejo de los recursos públicos.
En el balance, el Imco detalla que la transparencia presupuestaria muestra una mejora entre los estados de casi tres puntos porcentuales, al pasar de un cumplimiento promedio de 83 por ciento en 2017 a 86 por ciento este año.
Además, el organismo señaló que de las 32 entidades, 13 mostraron mejoría y 17 tuvieron un peor comportamiento. Finalmente, detalló que hubo dos que mantuvieron su comportamiento sin cambios.
El caso de mayor contraste en transparencia de las finanzas públicas corresponde a Chiapas, pues de ubicarse como una de las entidades más abiertas en el ejercicio del dinero en el estudio de hace dos años, para la edición 2019 perdió casi la mitad de su calificación y apenas mostró un cumplimiento de 54 por ciento.
Durante el estudio de 2017, la administración estaba a cargo de Manuel Velasco Coello, quien fue sustituido por Rutilio Escandón en diciembre del año pasado.
Los datos apuntan en sentido contrario a la promesa del actual titular de la Secretaría de Hacienda del estado, Javier Jiménez Jiménez, quien ofreció un manejo responsable y transparente del erario.
La entidad con la peor calificación es la gobernada por Silvano Aureoles Cornejo, pues apenas cumplió con 46 por ciento de los requisitos que deben cumplir sobre información pública.
Según el documento del Imco, la entidad no tiene información pública sobre los tabuladores de las plazas públicas ni datos sobre la clasificación del gasto.
Para Rodolfo Aguilera Villanueva, presidente del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM), la administración de recursos en la localidad es precaria, pues la entidad es la que genera la menor cantidad de ingresos propios, mientras que la deuda se mantiene al alza.
En segundo lugar entre las entidades con las peores calificaciones está la Ciudad de México, que en el estudio anterior fue evaluada con 57 por ciento. En esta edición se ubica en 52 por ciento, pues la administración no informa hacia dónde se va el dinero público (clasificación de gasto), al no tener publicado ningún dato en este sentido.
El gobierno de la Ciudad de México tiene un avance de 55 por ciento del gasto a septiembre y un subejercicio de 232 mil millones de pesos. Los rubros con mayor subejercicio son el Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de Cultura, el C5 y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Deuda de corto plazo
Las calificadoras Moody’s, Fitch y HR Ratings coinciden en que la implementación de la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios permitió a las entidades desacelerar el ritmo de contratación de la deuda de largo plazo, pero es el pasivo de corto plazo el que preocupa a las agencias.
Para 2020, la propuesta de presupuesto para estados es de un billón 972 mil 54.5 millones de pesos, una disminución de 0.5 por ciento a lo aprobado para este año.
Roxana Muñoz, analista de Moody’s, dijo que la deuda de corto plazo es usada por los gobiernos cuando les falta dinero para pagar nóminas.
Ricardo Gallegos, director ejecutivo senior de Finanzas Públicas y Deuda Soberana de HR Ratings, dijo que a fin de año las entidades buscan financiamiento, pues es cuando tienen mayor gasto.
Manuel Kinto, director de Finanzas Públicas de Fitch Ratings, dijo que los estados pueden buscar más ingresos a través de incrementar la recaudación fiscal para hacer frente a estas presiones.