Hace unos días, a propuesta de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables, el Congreso de Nuevo León aprobó reformas a la Ley Estatal de Salud, en lo relacionado a la objeción de conciencia, para que personal médico y de enfermería puedan negarse a una atención con base a sus principios éticos y morales.
La objeción de conciencia es una acción que, de ser aplicada, puede afectar a diversos grupos como los migrantes, la comunidad LGBTTTI, las personas indígenas, pacientes con VIH y las mujeres que solicitan un aborto, a quienes se les podría negar la atención médica.
Sin embargo, el dictamen fue aprobado por el Congreso de Nuevo León con 35 votos a favor, 5 en contra y una abstención, con lo que la fracción IV del artículo 48 de la Ley Estatal de Salud queda de la siguiente manera:
“El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Estatal de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la presentación de servicios que establece esta ley”.
La objeción de conciencia, de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), es una extensión del derecho humano a la libertad de conciencia.
En temas médicos, se trata de un derecho del personal médico y de enfermería en su obligación de prestar servicios de salud “cuando determinados procedimientos se consideren contrarias a sus creencias personales, por motivos éticos, morales o religiosos”.
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) plantea que no se opone en forma alguna a una regulación del ejercicio de la objeción de conciencia; sin embargo, “dicha regulación debe de ser dentro del estricto respeto al marco constitucional (…) de manera que garantice plenamente el respeto y la protección de los derechos fundamentales”.