El pleno de la Cámara de Diputados avaló, sin modificaciones, las reformas para combatir la evasión fiscal y la emisión y uso de facturas falsas, que tipifican estos delitos como delincuencia organizada y que ameritan prisión preventiva; pasa al Ejecutivo.
La iniciativa recibió, en lo general, 318 votos a favor (de Morena, PT, MC, PES y PVEM), 3 abstenciones del PES y 121 en contra (PAN, PRI, PRD y seis legisladores morenistas).
Mientras que en lo particular: 276 votos a favor, 144 en contra y 16 abstenciones.
El dictamen reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
Este proyecto de decreto, señala, entre otras cosas, que a los ciudadanos acusados de delitos de defraudación fiscal y venta o compra de facturas falsas se les dicte prisión preventiva oficiosa y se considere como delincuencia organizada.
Además, tipifica como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.
El dictamen fue aprobado el lunes, sin cambios, por las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara baja, después de que las reformas fueron avaladas por el Senado de la República el pasado 10 de septiembre.
Luego de desahogar decenas de “reservas” de diputados de oposición para hacer cambios al dictamen en lo particular en diversos artículos, al final el grupo mayoritario de Morena y sus aliados no aceptaron modificaciones, y el documento fue enviado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor de inmediato.
¿Qué se dijo en la discusión?
Por el PRI, la diputada Mariana Rodríguez calificó de “desproporcionada” esta reforma porque apunta a “un Estado autoritario y represor”, porque “viola la presunción de inocencia”.
Agregó que la prisión preventiva "es una puerta falsa" al considerar este delito como delincuencia organizada. La defraudación fiscal no tiene porqué ser tema de seguridad nacional, sostuvo.
La también priista Claudia Pastor acusó que se está “instaurando un Estado policial y un populismo penal. Esto no les va a ayudar a la recaudación, están generando incertidumbre con sus generalidades en las leyes, y quitan los incentivos para que inversores y burocracia, que son los principales grupos de recaudación de este país, queden en la absoluta incertidumbre”.
De Movimiento Ciudadano, Higinio del Toro adelantó que su partido avalará estas reformas solo en lo general, ya que en lo particular hay cambios de alto riesgo “que requieren de una discusión más a fondo” y resaltó que tipificar el delito de evasión fiscal como delincuencia organizada es un despropósito.
La coordinadora parlamentaria del PRD, Verónica Juárez, afirmó que estas reformas “violentan el principio constitucional de presunción de inocencia porque, por la pura sospecha de que alguien es evasor y sin garantía ni posibilidad de aclarar su situación, puede ser encarcelado y despojado de sus bienes. Es decir, a quien esté bajo sospecha se le aplicará de manera inmediata la prisión preventiva oficiosa y la extinción de dominio”.
En respuesta a las críticas de la oposición, el grupo mayoritario de Morena, a través del diputado Rubén Cayetano García, explicó que “estas medidas no serán para todos los contribuyentes, sino únicamente para aquellos que evadan contribuciones iguales o superiores a aproximadamente 7 millones 804 mil pesos”.