Trabajadores disidentes de Petróleos Mexicanos (Pemex) han denunciado penalmente al líder sindical Carlos Romero Deschamps desde 2004 en el marco del Pemexgate por el embargo de cuotas sindicales, la desaparición de fideicomisos, conflicto de interés al votar por la Reforma Energética y por huachicoleo. Pero los documentos con pruebas quedaron arrumbados en el Ministerio Público durante los gobiernos anteriores de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto para “protegerlo”, dijeron los denunciantes.
Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto para “protegerlo”, dijeron los denunciantes.
“Unidos venceremos”, firmó hace unos días Carlos Romero como Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), cargo que no ha soltado desde 1993 a lo largo de cinco reelecciones (1994, 2000, 2006, 2012 y 2017, cuando se reeligió de manera anticipada un año antes del término de su gestión) que violan los estatutos, ya que solo es válida una vez. Dice apoyar la estrategia del combate al robo de combustible. Se ha reunido a dialogar con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y se amparó para evitar cualquier detención relacionada con su posible relación con el huachicol (robo de combustible).
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no ha interpuesto ninguna denuncia penal contra el líder sindical petrolero, por lo que no hay elementos para enjuiciarlo. Pero, aseguró ayer, se están investigando “todos” los que intervienen en las actividades de distribución, venta y vigilancia de combustible.
En entrevista con SinEmbargo, la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde Luján aseguró que ha habido “un divorcio” entre los trabajadores y sus representaciones sindicales, pero ahora la apuesta es que haya diálogos auténticos, y libertad sindical para rescatar la negociación colectiva.
“No le corresponde a la Secretaría del Trabajo ni poner ni quitar líderes, esos eran otros tiempos donde desde el poder se determinaba quién debería ser o no. Ese no es nuestro trabajo. Al contrario, lo que nosotros tenemos que garantizar es que haya libertad y democracia, ese es nuestro papel, garantizar que la gente pueda decidir libremente y los trabajadores tienen que decidir quién los representa y lo deben de hacer a través del voto personal libre y secreto. Ya tenemos una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, que es la iniciativa reglamentaria a la Reforma Constitucional que establece clarísimo que debe de haber voto libre y secreto. No solamente para que los trabajadores puedan elegir quién los represente, sino también para que se consulte antes de firmar un contrato colectivo”.
La entrevista completa se publicará en SinEmbargo mañana viernes.
Raúl Romero Maldonado, trabajador jubilado de la sección 34 del Frente Nacionalista de Petróleo, denunció a Romero Deschamps en 2004 ante la Procuraduría General de la República (PGR) que no procedió y en 2006 ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) por el uso de las cuotas sindicales en el marco del Pemexgate. El 15 de marzo de 2018 presentó otra denuncia por la desaparición del fideicomiso para la vivienda y el fondo laboral que suman 49 mil 850 millones de pesos.
María de Lourdes Díaz Cruz “Lula”, trabajadora de la sección 35 en Hidalgo y miembro del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, presentó una denuncia de hechos por la presunta relación del líder sindical con el huachicoleo. El documento, dijo, lo entregaron en persona a la Secretaría de Seguridad Pública comandada por Alfonso Durazo.
Víctor Manuel Jacobo Domínguez, trabajador petrolero del grupo disidente Innovación Sindical de la sección 10 en Minatitlán, Veracruz, solicitó en diciembre de 2014 ante la Cámara de Diputados un juicio político por doble salario de Romero Deschamps tanto como comisionado sindical como por entonces Senador de la República.
“De los trabajadores petroleros nadie reconoce a Carlos Romero [como Secretario], quien lo reconoce es el gobierno”, dijo Víctor Jacobo Domínguez.
Además, por las irregularidades en las elecciones de octubre pasado para determinar al Secretario General, y la toma de nota irregular, Carlos Romero enfrenta una serie de impugnaciones para cancelar el proceso y hacer otro con voto libre y secreto.