Con el voto en contra de los regidores panistas, el Cabildo de Puebla aprobó el dictamen que busca iniciar con el procedimiento para retirar el título de concesión a Agua de Puebla por incumplir el contrato al realizar tarifas excesivas y contar con una deficiencia del servicio de agua potable y alcantarillado.
El dictamen presentado por la comisión Transitoria del Agua, busca que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y las Contralorías Municipal y Estatal realicen auditorías a la licitación con la que se privatizó el servicio, al convenio modificatorio del 3 de julio de 2014, a la venta de terrenos donde se construyó una planta de tratamiento, el destino de 1.468 millones de pesos recibidos como contraprestación y al uso de recursos públicos federales en obras realizadas por SOAPAP a favor de Agua de Puebla.
El documento aprobado ante Cabildo será enviado ante el Congreso del Estado para su aplicación y tiene como finalidad presentar pruebas de incumplimiento de contrato para revocar el contrato de 30 años a Concesiones Integrales y así proceder con la remunicipalización del servicio.
Durante la sesión de Cabildo, Yuvia Edith Ibarra Saucedo, regidora suplente de Rosa Márquez, señaló que actualmente existen 83 colonias sin servicio de agua potable, mientras que otras 468 reciben el servicio durante algunas horas y solo dos veces por semana, por lo que resaltó que la prestación del vital líquido deberá ser remunicipalizado.
La privatización ha tenido un impacto negativo ante la ciudadanía debido a los cobros indebidos y a la mala calidad del agua que se suministra. La concesionaria ha venido desarrollando una persecución sistemática en contra de usuarios que no están de acuerdo con los montos que pretendes cobrarles, obligándolos a ampararse ante cobros excesivos, afirmó.
Por su parte, la regidora panista, Augusta Díaz de Rivera aseguró que está a favor del retiro de concesión. Sin embargo, consideró que es un derroche de dinero para los contribuyentes pues dijo que el Ayuntamiento de Puebla no cuenta con un análisis del impacto presupuestal que conllevaría la remunicipalización del servicio, el cual sería de cerca de 3 mil millones de pesos.
Consideró ilógica la petición de la Comisión Transitoria del Agua para realizar auditorías a la concesionaria pues dijo que no cuentan con un análisis real de la empresa para saber qué será lo que auditarán. Además, señaló que el Gobierno Municipal ya debería tener conocimiento de las supuestas anomalías en la ejecución de la planta de tratamiento.
Nuestra fracción está de acuerdo con el dictamen y tan es así que en el acuerdo que presenté en la sección pasada también concuerdo que concesiones integrales parece ser una gran estafa. Sin embargo, nos faltan argumentos para apresurarnos en lo que es una revocación. El dictamen es insuficiente e inconsistente para retirar la concesión en este momento. Si no sabemos cuánto va a costar esto es una total irresponsabilidad, aseveró.
En su participación, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, responsabilizó a los gobiernos panistas por concesionar el servicio del agua y dijo que la empresa que buscó lucrar con el vital líquido a costa de los poblanos.
Por tanto, pidió al Congreso del Estado que devuelva las facultades al Ayuntamiento para que el servicio de agua sea remunicipalizado y con ello los costos sean inferiores y el vital líquido más accesible.
Si el Cabildo de aquel momento no hubiera aprobado esa concesión no se hubiera concretado la infame privatización del agua que tanto ha perjudicado a la ciudad de Puebla. Se optó por el camino fácil y el Cabildo de ese entonces decidió darle la espalda a la ciudadanía, pero hoy lo estamos tratando de revertir para devolverle a los ciudadanos lo que nos pertenece por derecho, afirmó.
El dictamen fue aprobado con 17 votos a favor por parte de los regidores de Morena, cinco en contra de la bancada panista y las abstenciones de la regidora de Morena, Libertad Aguirre Junco y la priista, Silvia Tanús Osorio, quienes consideraron que no se estudió el tema con detenimiento.
Fue en diciembre de 2013 cuando el gobierno de Rafael Moreno Valle concesionó el SOAPAP por 30 años al consorcio conformado por tres empresas colombianas y una mexicana: gua de México, Ecpor, Ticsa y el fideicomiso bancario de Grupo Hermes.
En agosto de 2014, CENTRAL publicó que Moreno Valle entregó de manera ilegal la operación del servicio del agua, pues Concesiones Integrales participó en una licitación internacional y hasta recibió la concesión cuando ni siquiera existía jurídica y fiscalmente. De acuerdo a su Registro Federal de Contribuyente (RFC), Concesiones Integrales fue constituida hasta el 23 de diciembre de 2013 y obtuvo la millonaria operación del agua 11 días antes.
VER: Moreno Valle entregó de manera ILEGAL la operación del agua a Concesiones Integrales
Con los años Agua de Puebla no resultó ser la solución del problema del agua en Puebla, este periódico digital documentó en abril de este 2018 que las colonias del sur viven en condiciones precarias por el desabasto.
El suministro del agua se les ha ido reduciendo considerablemente, a tal grado que ahora solo les cae el agua una vez a la semana y por dos horas, por lo que tienen que apartar en cubetas y tambos, o los que cuentan con más recursos económicos se ven en la necesidad de comprar pipas de agua, pero hacen doble gasto pues pagan este servicio y el de la concesionaria.