La reforma fiscal del 2020 va en contra de prácticas que provocan la defraudación fiscal en Puebla en la compra y venta de facturas y comprobantes que, aunque no son apócrifas sí corresponden a operaciones inexistentes o simuladas.
Así lo dio a conocer Salvador Manuel Méndez Rosales, presidente del Comité Ejecutivo Bienio 2019-2020 del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla (CCEP), al explicar que los responsables solidarios deben pagar los impuestos, por ejemplo, quienes ejercen la patria potestad y los administradores de una empresa.
Vemos que el objetivo primordial en esta reforma fiscal y los cambios que hicieron durante el 2019 es el combate frontal contra algunas malas prácticas que provocan defraudación fiscal, desde hace varios años las autoridades fiscales han notado que los contribuyentes recurren a esquemas fraudulentos”, dijo.
Estos esquemas fraudulentos son el tráfico de comprobantes y facturas fiscales que si bien no son apócrifos porque están validados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sí son de operaciones inexistentes.
EN PUEBLA, 265 EMPRESAS FACTURAN OPERACIONES SIMULADAS
Hasta el 8 de noviembre de 2019, el SAT detectó que nivel nacional 10 mil 832 contribuyentes, entre personas y empresas, emitieron comprobantes fiscales sin sustento o infraestructura del servicio que prestan, no tiene trabajadores, inventario o capacidad, y de estos, mil 192 son presuntos, 9 mil 35 definitivos, 263 lograron desvirtuar la presunción y 342 obtuvieron sentencia favorable.
En el caso del estado de Puebla encontró que 265 empresas facturan operaciones simuladas, las cuales generalmente son del sector servicios y representan el 3 por ciento del total de firmas que emiten comprobantes simulados en todo el país.
Las autoridades fiscales están tratando de cerrar las puertas y de poner candados a los particulares para que eviten este tipo de prácticas”, comentó Salvador Méndez.
Explicó que los responsables solidarios son las personas a quienes se confía la administración de una empresa y que abandonen el domicilio fiscal sin presentar el aviso, que no lleven la contabilidad, la oculten o destruyan, y que a partir del 2020 se aplicará responsabilidad cuando el administrador no sea localizado en el domicilio u omita entregar al SAT dentro del plazo establecido la cantidad de contribuciones retenidas o recaudadas.
El contador agregó que retener un impuesto, por ejemplo, el Impuesto sobre la Renta (ISR) y no enterarlo es un delito fiscal cuya responsabilidad es penal y no hay un monto mínimo.
Son supuestos para que proceda la determinación de la responsabilidad solidaria, siempre que hay una omisión hay una multa, si no se cumple con el pago del impuesto y lo retienen es una responsabilidad de tipo penal, se puede considerar un delito fiscal”, dijo.