El estado de Puebla tiene a la tercera mayor población de indígenas presos en el país, al sumar 783, según lo reveló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
A través de su informe el informe “Indígenas en reclusión y debido proceso en su lengua materna”, se indica que la mayor parte de estos reclusos son de origen náhuatl, mixteco y mazateco.
Oaxaca es el estado con más internos de origen en indígena en el país, al sumar 1 mil 133, después se encuentra Chiapas con 836, Puebla con 783, Veracruz con 617 y Guerrero con 501.
Hasta 70% de internos serían indígenas en Tehuacán
Para este informe se analizaron las condiciones de reclusorios en Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán y el de Tehuacán, en Puebla.
Se expone que la de Tehuacán es una de las regiones con una mayor acumulación de carencias sociales y entre los delitos que más se cometen destaca el homicidio, delitos sexuales, robo agravado y secuestro, entre otros.
De unos 500 internos en el cereso de este municipio, 129 son indígenas provenientes de los pueblos Náhuatl, Mazateco, Mixteco y Popoloca.
Sin embargo se advirtió que derivado de entrevistas, así como de la observación de la población penitenciaria en su conjunto, el número de personas indígenas “claramente es mucho mayor a la reportada en las estadísticas institucionales e incluso uno de los custodios refirió que podría llegar a ser aproximadamente el 70% de las personas recluidas en dicho centro penitenciario”.
A nivel nacional, se indica en el informe, los integrantes de los pueblos indígenas en México son cotidianamente víctimas de discriminación en tres dimensiones.
La primera es la interpersonal que se materializa como maltrato en las relaciones cara a cara con personas que las consideran inferiores. También son víctimas de discriminación institucional en espacios como la escuela, los centros de salud o los espacios públicos –como los centros de reinserción social– al negárseles derechos que se encuentran consignados en el marco legal nacional.
Finalmente, sufren discriminación estructural por las condiciones de exclusión social que los ubican dentro del sector de pobreza extrema del país.
“Esto también implica que de manera sistemática se violen sus derechos humanos tanto a nivel individual como colectivo. Tal es el caso de los derechos culturales entre los que destacan los derechos lingüísticos que fueron reconocidos a nivel constitucional desde 2001. Esta continua violación forma también parte de la discriminación estructural que afecta la vida de las personas y las comunidades además de que las coloca en situaciones en las que su condición étnica desencadena una serie de desventajas que les impiden el acceso pleno a su condición ciudadana”.
Se destaca que en México existe un enorme abismo entre el marco normativo y las prácticas institucionales. Un buen ejemplo son los diversos programas que buscan atender los derechos lingüísticos de indígenas sujetos a procesos penales. Dichos programas cuentan con poco presupuesto, tienen una débil infraestructura, escasa difusión, además de personal poco capacitado, lo que impide que impacten de manera positiva a sus potenciales destinatarios. Esto incluye a las personas indígenas que se encuentran sometidas a proceso o purgan condenas en centros de reinserción social, estatales y federales.
La CNDH citó que de manera generalizada se detectan violaciones al debido proceso por no haber contado con la asistencia o asesoría de defensores de oficio debidamente capacitados e intérpretes profesionalizados que cuenten con herramientas que apoyen los casos de personas que no hablan español como primera lengua.
“En términos generales, encontramos que la población indígena en reclusión, así como sus familias se encuentran en peores condiciones económicas, con niveles de calidad de vida muy por abajo del resto de la población indígena. Es decir, el fenómeno de la prisión y la asociación con hechos delictivos arrastra a este sector hacia una marginación mayor que la sufren otros indígenas. Esto se refleja en abandono por parte de las redes tradicionales de apoyo familiar o comunitario, así como en la imposibilidad de proporcionar asesoría legal especializada”.