Los siete morenovallistas que presentaron un amparo ante la revocación de sus notarías decidieron regresar las patentes a la administración estatal sin más litigios, reveló Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla.
En entrevista, el mandatario señaló que los notarios que se ampararon ante la notificación de revocación, justificaron que interpusieron dicho recurso, únicamente para ganar tiempo y resolver los asuntos laborales que tenían en curso.
Quienes interpusieron amparos, ya establecieron contacto con nosotros, unos dijeron que fue solamente para ganar tiempo y poder resolver los asuntos que recibieron, que tomaron y ya quieren entregar las patentes”, expresó.
Confirmó que son 11 fedatarios, los que ya restituyeron las patentes de notario que recibieron de manera ilegal, durante la administración de Rafael Moreno Valle.
Sin embargo, dijo que otros decidieron cerrar sus notarías para no ser notificados sobre la revocación e inicio de investigación, por lo cual, la administración estatal tomó medidas coercitivas, interponiendo las denuncias por los delitos de uso indebido de documentos públicos, falsedad de declaraciones y asociación delictuosa.
Creo que el asunto se está encausando, otros tienen cerradas sus notarías para que no sean notificados, vamos a ir asumiendo medidas coercitivas y en muchos casos ya se presentaron denuncias de los delitos que cometieron para adquirir esa patente”, apuntó.
Cabe señalar que, según una revisión realizada por e-consulta a los estados del Poder Judicial Federal, los notarios que presentaron un amparo fueron: Maupomé Cagigal, Alexandra Herrera Corona, María del Carmen Vázquez Molina, Sabas Jesús Gómez Cortés, Alma Rosa Matías Colorado, Sergio Penagos García y Edwin Essiambre Sulvarán.
En total, el gobierno del estado inicio una investigación el pasado 28 de octubre en contra de 46 notarios morenovallistas y prestanombres, por haber obtenido sus patentes en un procedimiento irregular durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, acto por el que enfrentarían cargos por uso indebido de documentos públicos, falsedad de declaraciones y asociación delictuosa.
Del total de investigados, 29 aparecen como titulares de las notarías y 17 son los verdaderos operadores, pues el gobierno reveló que usaron prestanombres para hacerse de una notaría pública e intentar “pasar desapercibidos”.