Un total de 17 morenovallistas usaron prestanombres para hacerse de una Notaría Pública en el sexenio del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, entre ellos cinco secretarios que decidieron no usar sus nombres para evitar ser evidenciados: Roberto Moya, secretario de Finanzas; Eukid Castañón, General de Gobierno; Ángel Trauwitz, de Turismo; Mercedes Aguilar, Particular; Verónica Sobrado, del Instituto de la Mujer; y Mario Rincón, de Desarrollo Social.
Así lo reveló el consejero Jurídico del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, Ricardo Velázquez, quien en rueda de prensa leyó la lista de los 29 notarios del morenovallismo cuyas patentes serán retiradas por irregularidades en su entrega; una de ellas, que nunca se emitió la convocatoria que marca la ley para entregarlas.
Entre los investigados se encuentran, además, seis funcionarios que ocuparon cargos de primer nivel durante el sexenio de Moreno Valle, además de Patricia Leal Islas, quien fue su contralora pero que usó su nombre para obtener su notaría.
Llama la atención que se encuentren también el actual senador de la República, Roberto Moya, quien ocupó como prestanombres a su esposa Alejandra Maupome Cajigara; y la diputada federal, Maiella Gómez Maldonado, quien usó como prestanombres a Karlota Hernández Ramos.
Los delitos que podrían enfrentar
El Consejero Jurídico del estado, Ricardo Velázquez Cruz indicó que los morenovallistas que recibieron las 29 notarías entregadas por el ex gobernador, Rafael Moreno Valle pudieron haber incurrido en los delitos de uso indebido de documentos públicos, falsedad de declaraciones y asociación delictuosa.
En conferencia de prensa, Velázquez Cruz aseguró que la administración estatal está documentando las pruebas para tener la certeza total de que quienes encabezan dichas notarías incurrieron en dichos delitos, a fin de fincar responsabilidades de orden penal, pues hasta el momento solo existe un proceso administrativo en su contra.
Se requieren de pruebas y tener la certeza total de que se hicieron estas cuestiones para fincar responsabilidades, no administrativas como las que se están haciendo ahora, sino de orden penal” apuntó.
Por otra parte, negó que existe una persecución política en contra de los funcionarios del Partido Acción Nacional (PAN) asegurando que lo único que hay es un gran desaseo jurídico.
Si dicen que hay persecución política, yo digo que hay un gran desaseo jurídico, fue lo que nos encontramos en el gobierno, pero lo vamos a regular”, apuntó.
Fue el pasado 28 de octubre cuando el gobierno estatal inició la investigación de las notarías entregadas en el morenovallismo, por registrar diversas irregularidades a la hora de su creación.