Ante el incremento a la tarifa del transporte público a 8.50 pesos, los transportistas en Puebla tuvieron que firmar un acuerdo con el gobierno estatal, encabezado por Miguel Barbosa Huerta, para mejorar el servicio y la calidad de las unidades.
La mañana de este domingo, el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte en Puebla, Guillermo Aréchiga confirmó que partir del 12 de octubre incrementará el costo del pasaje: para el caso de transporte tipo autobús el precio pasará de 6 a 8.50 pesos, mientras que para las urvans el pasaje subió de 5.50 a 8 pesos.
VER: OFICIAL: El 12 de octubre el pasaje en Puebla costará 8.50
Cabe destacar que aunque no se implementaron descuentos para estudiantes, estos sí se mantienen para los adultos de la tercera edad, que seguirán pagando 4 pesos, mientras que las personas con alguna discapacidad no pagarán nada.
Durante la rueda de prensa en la que Aréchiga anunció por fin el incremento al pasaje, también se dieron a conocer distintos lineamientos que tendrán que cumplir los transportistas y el gobierno de Puebla dentro del acuerdo que firmaron.
Las obligaciones para los concesionarios
Los transportistas están obligados a instalar en todas sus unidades cámaras de videovigilancia, botones de pánico y sistema de localización GPS en un plazo de 120 días.
Asimismo, los choferes deberán renovar cada seis meses su carta de antecedentes no penales y la licencia de conducir, esto para que las autoridades puedan monitorearlos si cometen alguna infracción.
De igual modo, se les ordenó recibir capacitación constante por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte estatal.
Las obligaciones del estado
Por su parte, el gobierno deberá actualizar de acuerdo a la media nacional los costos de las licencias mercantiles y los permisos.
Así como elaborar un padrón de conductores por cada ruta para mantener el orden y revisar el estatus de las concesiones.
El gobierno morenista se comprometió a erradicar los taxis y las rutas piratas que afectan la economía de los transportistas que cumplen la ley, así como combatir la corrupción en las dependencias gubernamentales, para la tramitación de permisos.
Finalmente, para la instalación de cámaras, botones de pánico y GPS, el gobierno tendrá que facilitar a los transportistas la conexión de la tecnología en las unidades al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5).
