Alrededor de 11 mujeres serán beneficiadas con la firma del decreto del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, para liberar a las poblanas que se encuentran encarceladas por aborto, que en el estado es aún considerado un delito.
Así lo comentó la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Vianey García Romero, quien celebró el anuncio hecho ayer por el mandatario de la entidad.
VER: Barbosa firma acuerdo para liberar a mujeres poblanas encarcelaras por abortar
La legisladora por Morena señaló que sería hasta el próximo año cuando las mujeres presas puedan alcanzar la liberación, una vez que el Congreso local lo apruebe en el Pleno del Poder Legislativo.
La diputada local comentó que de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), de 2009 a 2018 existen 69 procesos penales en contra de mujeres por la interrupción del embarazo.
Indicó que el decreto que anunció Barbosa Huerta se unirá a una ley que prepara el titular del Poder Ejecutivo del estado para dar "amnistía" a los presos políticos, la cual comentó durante su toma de protesta.
"Va a ser un proceso tardado, esperemos que pronto llegue al Congreso del Estado para que podamos hacerlo realidad (...) Él (Miguel Barbosa) está trabajando un decreto como una ley de amnistía donde estará anunciando ciertas facultades que se le darán para que las personas que están en la cárcel puedan pasar por este proceso de preliberación y que el Congreso estará aprobando para que el próximo año las personas que están apresados porque sus parejasas obligaron a asistir en temas de drogas, mujeres que han abortado, presos políticos principalmente puedan salir de la cárcel sin este proceso de revictimización".
El decreto firmado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta se presenta en medio de una confrontación en el Congreso de Puebla por una iniciativa para reducir las penas por abortar, que tiene por fin evitar que las mujeres vayan a prisión por practicarse este procedimiento y puedan hacer trabajo comunitario, aunque sigue siendo un castigo.
La iniciativa de reforma al Código Penal del Estado provocó la confrontación de los colectivos feministas a favor de la legalización del aborto y los grupos conservadores pro vida.