La agresión de activistas el pasado 9 de marzo en las calles del Centro Histórico por parte de los líderes ambulantes ha alcanzado ya grandes escalas. Tanto, que el grupo de las 32 mujeres quedó fracturado después del conflicto por el interés de algunas de limpiar la imagen de la alcaldesa Claudia Rivera y librar al Ayuntamiento de toda responsabilidad por lo que sucedió.
Resulta que después de la agresión, las mujeres, quienes no se conocían todas entre ellas, armaron un chat de WhatsApp para ponerse de acuerdo en el seguimiento del caso. Ahí se les informó que la secretaria General, Liza Aceves les había solicitado un encuentro con la alcaldesa este lunes a las 19:00 horas en el Palacio Municipal.
La reunión fue cancelada dos horas antes porque la directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), Catalina Pérez Osorio no podría llegar, por lo que el encuentro se realizaría el martes 12.
Durante todo ese día, varias de las mujeres que integran este grupo, sobre todo las que fueron agredidas física y emocionalmente, solicitaron saber la hora de la reunión y cuáles serían los puntos a tratar, sobre todo porque en medios leyeron declaraciones de que el Ayuntamiento les había brindado asesoría jurídica y ellas acusaban que nunca la habían recibido.
Algo les olía mal, creían, dado que el tema se había viralizado, que la alcaldesa buscaría "tomarse la foto" con las afectadas para simular un apoyo que nunca recibieron.
Peor aún, dos de ellas propusieron entregar un oficio a la alcaldesa para "informarle" que no estaban dispuestas a acudir a la reunión hasta que entre ellas hubieran acordado una lista de peticiones y que "estén más tranquilas".
Digo "¡peor!" porque así hubieran dado las armas a la administración municipal para deslindar al Ayuntamiento de cualquier responsabilidad y darles los argumentos para declarar ante la prensa que fueron ellas quienes no quisieron recibir la ayuda.
Total, la gran fuerza que en unas horas habían logrado estas 32 mujeres, quienes por fin pusieron la atención en el gran problema del ambulantaje en la 10 poniente y el Centro Histórico, no solo de movilidad sino de inseguridad, se terminó.
Al parecer algunas de ellas están más interesadas en lograr ciertos cargos como "asesoras de movilidad" que en lograr que por fin el Ayuntamiento de Puebla tome cartas en el asunto ante tal situación.
Si querían terminar ya con el escándalo que mediáticamente se había dirigido hacía la administración de Rivera quedaron peor, no se dan cuenta que quienes si fueron agredidas y acudieron a la Fiscalía a presentar su denuncia quedaron en una situación de vulnerabilidad.
Sus rostros e identidades aparecen en los videos de Facebook y en los documentos de las demandas, acusan de agresión a personas que no solo son líderes de ambulantes, sino que también han sido acusados de narcomenudeo y robo.
Por esa razón, hay un grupo que no piensa quedarse con las manos cruzadas y menos cuando se enteraron en redes sociales Claudia Orea y Lizeth Mejorada habían entregado un "pliego petitorio" y pedido que la reunión de todas con la alcaldesa sucediera "en otro momento".
Ya son asesoradas jurídicamente para emprender acciones legales contra el Ayuntamiento de Puebla por omisión, porque aun cuando se informó a través de un oficio del recorrido, no se les advirtió de que se trataba de una "zona roja", nunca hubo acompañamiento policial y tampoco seguimiento al caso.
Afortunadamente hay quienes sí están interesadas e lograr un cambio y no solo en obtener un puesto en el gobierno municipal, en entrar a la nómina.
