La abanderada del Partido Verde Ecologista de México a la diputación federal del distrito 9, Norma Pimentel Méndez prometió terminar con el “circo de la política” y modificar la ley para establecer sanciones eficaces a los políticos corruptos, como congelar sus cuentas bancarias.
Si habrá reformas a la Ley de Transparencia, al sistema anticorrupción pero más en sanciones severas como la pena privativa de la libertad, inhabilitaciones pero todo esto es parte de un circo a nivel nacional, de que se quiere perseguir, pero no hay herramientas legales. La propuesta es dar sanciones económicas, se tienen que congelar las cuentas a él y su parentela”
La abanderada siempre ha velado por la transparencia y en su paso como integrante de la entonces la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) incluso fue víctima de acoso laboral, pues siempre fue crítica de la opacidad de la entonces administración panista de Rafael Moreno Valle.
Norma Pimentel siempre ha dicho que la política debe ser transparente, además de que ha predicado con el ejemplo, pues fue la primera candidata de Puebla en presentar su declaración patrimonial.
Sus adversarios del PAN, Jorge Aguilar Chedraui y Guillermo Arechiga ex militante de Nueva Alianza que ahora está en Morena, no lo han hecho. Recordó que ambos ya fueron diputados y que sirvieron a los intereses del entonces mandatario Rafael Moreno Valle, por lo deben de mostrar a la gente su fortuna.
La académica comentó de broma “que siempre fue muy ñoña” y dedicada a su preparación profesional, por lo que a través de varias becas se preparó profesionalmente como abogada por la UDLAP, maestra en Derecho Empresarial y Fiscal por la Ibero, doctora en Derecho por la BUAP y con una estancia en Posdoctorado en UPAEP.
Su preparación profesional
Norma Pimentel Méndez comenzó a laborar en la Secretaría de Finanzas como “analista” en la dirección de Asuntos Jurídicos, desde donde asesoraba a los presidentes municipales para el uso de los recursos públicos.
En su carrera también participó en un bufete de abogados y en la UDLAP dio consultorías relacionadas a contratos petroleros, además de clases a universitarios en “Derecho Administrativo”. También fue profesora en la Escuela Libre de Derecho además del Tecnológico de Monterrey.
La abanderada del Verde logró en 2013 ser electa como suplente de Federico González Magaña en la antes llamada Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP). Pudo tomar protesta al cargo cuando salió el funcionario morenovallista en 2015.
En 2014 trabajó con el gobierno de José Juan Espinosa Torres, presidente en ese entonces de San Pedro Cholula, en donde creó la dirección de Transparencia.
VER: Federico González Magaña: el guardián de la opacidad morenovallista en la CAIP
Yo pasé al Congreso con una propuesta de académicos, que tenía un análisis internacional, sin pedir el favor a nadie o ser familiar quedé de suplente, me dio tristeza, casi me deprimí pero cuando sale Federico González entré yo, pero para esa situación yo me enteré por los medios de comunicación porque el Congreso nunca me llamó ni nada, yo fui a buscarlos para exigir mi derecho. Me tardaron para notificar dos meses”.
Su paso por la CAIP entre acoso y los logros
La académica Norma Pimentel recordó que entre logros y acoso laboral fue su paso como comisionada en la CAIP, pues siempre fue crítica de la opacidad de algunos temas de parte de la entonces administración de Rafael Moreno Valle.
Recordó que la primera petición fue que las sesiones de las comisiones fueran públicas no solo en la sala del inmueble y se hicieran transmisiones en vivo a través de la plataforma de Periscope.
No llegaron ni 6 meses y ya me habían pasado muchas cosas, bloqueos. Uno de los conflictos era dar las copias de las solicitudes gratis, porque entendíamos la norma federal, pero no quería bloquear el acceso de la información. Pero aun así vivíamos cosas bien maquiavélicas porque presentábamos cosas y me decían que no estaba bien presentado, le poníamos mucha jurisprudencia pero después entendí que no éramos mayoría. Ya llegábamos a temas que no me notificaban o lo hacían 10 minutos antes de la Comisión para que no pudiera analizarlo”.
De los temas más polémicos que tuvieron fueron el fideicomiso del Museo Barroco y el contrato del Tren Turístico. En el caso del Barroco se supo el endeudamiento que representó para la ciudadanía.
Sin embargo, si había un acoso laboral pues en algunos de sus viajes de trabajo por España, le robaron la computadora de su oficina. La administración le inició ante la Contraloría un procedimiento en su contra por robo que se anuló cuando le descontaron la quincena para el pago del equipo.
Norma Pimentel recordó que en diciembre 2016 a los miembros de su equipo no les respetaron su periodo de vacaciones y que hasta tuvo otra sanción del instituto porque una de sus colaboradoras falto un día, a pesar de que había pedido permiso.
Además dijo que interpretó como “un asunto personal en su contra” que el Congreso Local no quiso refrendar su cargo como comisionada que debió haber concluido en 2019, sin embargo, el procesó se renovó con el argumento que cambió de Comisión a “Instituto” de Transparencia.
VER: Norma Estela Pimentel se inscribe para reelegirse como consejera de transparencia
Al final, cerró su cargo público como titular de la Contraloría en el municipio de San Pedro Cholula, en donde estableció el programa de “controlaría social”
Las propuestas
-Sanciones económicas a los políticos corruptos
-La creación el Centro Nacional de Atención a Mujeres para prestar servicios de atención médica y psicológica a mujeres víctimas de violencia.
-Cadena perpetua a pederastas: de 40 a 80 años de pena privativa de la libertad para quien viole a un menor de edad, reformando el artículo 266 del Código Penal Federal.
-Cadena perpetua a violadores: de 40 a 60 años de pena privativa de la libertad reformando el artículo 265 del Código Penal Federal.
-Generar protocolos de actuación para la atención y erradicación de violencia generada en contra de grupos vulnerables.
-Que los jóvenes de entre 18 y 25 años reciban al menos 3 salarios mínimos de ingresos diarios, dos por la empresa y uno por el Estado.
