El fideicomiso de más de 160 mil millones de pesos entregado por 50 años a la empresa Evercore, de Pedro Aspe, por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle se mantendrá en total opacidad puesto que no es considerado dentro de la administración pública por lo que queda eximido de ser auditado.
Evercore se encargará durante medio siglo de manejar los recursos del gobierno por concepto del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) como garantía para el pago de los Proyectos para la Prestación de Servicios, por 22 mil 540 millones de pesos, contratados durante el gobierno morenovallista. Sin embargo, durante este periodo la empresa recaudará al menos 160 mil millones de pesos, por lo que su ganancia será de 137 mil millones.
De acuerdo con un reportaje publicado por El Universal el 25 de enero de 2016, titulado “Tiene el gobierno 344 fideicomisos opacos”, especialistas y académicos coinciden en que los fideicomisos son “cajas negras de los gobiernos llenas de opacidad y con una escasa rendición de cuentas”.
La Auditoria Superior de la Federación alertó que estos fideicomisos generan rendimientos por intereses que no se detallan en tiempo real, además de que los gobiernos se escudan en el secreto fiduciario para evitar transparentarlo. No obstante, con la aprobación de la Ley General de Transparencia se estableció que el secreto fiduciario no puede ser invocado y que las autoridades deben abrir la información.
Fuentes al interior del gobierno morenovallista revelaron a CENTRAL que no existe un registro público que detalle el manejo de los recursos obtenidos por Evercore gracias al gobierno de Puebla, pues se excusan en el argumento de que no forman parte de la administración pública y por eso no están sujetos a sus reglas.
El investigador de Fundar, Óscar Arredondo dijo a El Universal que los fideicomisos pueden “estar ociosos o que pueden estarle generando rendimientos a un director general que sabe manejar el fideicomiso”.
En tanto, el informe de Transparencia en Fideicomisos que involucran Recursos Públicos, elaborado por Fundar se acusa:
La falta de estructura de estos fideicomisos complica el acceso a la información de las operaciones que realizan y facilita que recursos públicos involucrados se manejen con irregularidades”.
Esta opinión también es compartida por el investigador de la UNAM, Aníbal Gutiérrez quien afirmó ante el diario nacional que bajo el pretexto del secreto bancario o fiduciario, muchos de estos instrumentos, utilizados por los gobiernos locales corren el riesgo de ser utilizados como “cajas chicas”, al no saberse el destino final de los recursos porque simplemente no se conoce la información.