Los diputados poblanos federales del PRI, encabezados por Xitlalic Ceja García, presentarán un punto de acuerdo ante el Pleno del Congreso de la Unión para exhortar al gobierno de Rafael Moreno Valle a que resuelva conforme a derecho elconflicto que se vive en la junta auxiliar de San Miguel Canoa.
En entrevista, el legislador tricolor Víctor Giorgana Jiménez declaró que dentro de este documento se buscará que aclarar el proceso penal del ex edil auxiliar Raúl Pérez Velázquez, quien el pasado 2 de noviembre fue consignado ante el Juzgado Cuarto Penal por los delitos de amenazas, privación ilegal de la libertad, y por el robo de un celular.
Agregó que también insistirán en que el Ejecutivo estatal devuelva el Registro Civil a las juntas auxiliares de la entidad debido a que es una facultad que les confiere a los presidentes de dichas demarcaciones.
Hay elementos suficientes para presentar este punto de acuerdo en las próximas sesiones de la cámara para que se haga un exhorto hacia las autoridades locales para que este tipo de temas sean atendidos a la brevedad, se resuelvan conforme a derechos y deje de esgrimirse el robo de un celular como en el caso de Canoa, como la causa principal de la detención”, dijo.
Giorgana Jiménez aseguró que este punto de acuerdo será extensivo para los demás presos políticos de la entidad, y no solamente para el caso del ex alcalde, Raúl Pérez Velázquez.
Por su parte, Xitlalic Ceja hizo un llamado al Secretario de Gobernación municipal, Mario Rincón González, para que ayude a solucionar el conflicto de Canoa con respeto y tolerancia, y así evitar un problema mayor como el suscitado ayer cuando los habitantes se opusieron a la reapertura de la presidencia debido a que no se les notificó.
Además, pidió la protección jurídica de Rocío Pérez Pérez, hija de Raúl Pérez, y de los pobladores a fin de que no existan represalias por su lucha.
La diputada federal priista dijo que en caso de que el estado no haga caso a sus peticiones, llevarán el caso del ex edil ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Por otro lado, Rocío Pérez recordó que su lucha es de manera pacífica y que los pobladores de Canoa están de acuerdo en que la presidencia se mantenga cerrada.
Asimismo, lamentó que el proceso penal de su padre esté “manoseado”, pues a pesar de los amparos que ha ganado, la autoridad estatal continúa apelando el proceso.
Cabe recordar que Pérez Velázquez fue acusado por un empleado de la empresa Concesiones Integrales, la cual actualmente opera el Soapap. El expediente contra el edil de Canoa nace a raíz de que el 18 de octubre, junto con otras personas, bloqueó el paso a un vehículo de la empresa en el que viajaban el denunciante y otros empleados de la concesionaria encargada del servicio de agua potable en la capital.