La Procuraduría General de Justicia (PGJ) consignó a Ricardo Pérez Velázquez, alcalde auxiliar de San Miguel Canoa, ante el Juzgado Cuarto de lo Penal por los delitos de amenazas, robo agravado y privación ilegal de la libertad, por lo que fue trasladado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Puebla.

Pérez Velázquez fue acusado por un empleado de la empresa Concesiones Integrales, la cual actualmente opera el Soapap. El expediente contra el edil de Canoa nace a raíz de que el 18 de octubre, junto con otras personas, bloqueó el paso a un vehículo de la empresa en el que viajaban el denunciante y otros empleados de la concesionaria encargada del servicio de agua potable en la capital.

Según detalló el empleado de Concesiones Integrales, fueron agredidos y amenazados de muerte. Además se denunció el robo de dinero en efectivo.

Es preciso mencionar que  el alcalde de Canoa es uno de los opositores a la reforma gubernamental para retirar el registro civil a las juntas auxiliares; además ha amagado con implementar policía comunitaria en su junta auxiliar. Por estos hechos se le inició una averiguación previa al edil.

Luego de esto, Pérez Velázquez tramitó un amparo que le fue otorgado una semana atrás por el Poder Judicial Federal. Sin embargo el viernes 31 de octubre el edil de Canoa fue citado por la tarde en el edificio de Obras Públicas del Ayuntamiento para una junta de trabajo. Al salir del lugar fue asegurado por agentes de la Policía Ministerial, quienes contaban con una orden de aprehensión en su contra, girada por el Juzgado Cuarto de lo Penal.

El edil auxiliar se mantiene a la espera de que el juez penal defina su situación y dicte auto de formal prisión o de libertad.

Como CENTRAL publicó, el edil de Canoa junto con su homólogo de La Resurrección, Sabino Leonardo Báez, fueron detenidos por su abierta oposición al retiro de registros civiles así como por solidarizarse al movimiento a favor de los vecinos de San Bernardino Chalchihuapan.