La organización Artículo 19 llevará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la constante violación de garantías individuales y persecución contra los pobladores de Chalchihuapan por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle, así como a la Ley Bala que permite el uso de armas no letales para disuadir manifestaciones en Puebla.
El abogado de la organización, Leopoldo Maldonado Gutiérrez consideró que Moreno Valle está aprovechando que la atención de la sociedad está concentrada en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa para continuar ejerciendo presión sobre los vecinos de Chalchihuapan.
Y es que el pasado 18 de octubre 60 elementos de la policía estatal y ministeriales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) irrumpieron en Chalchihuapan para detener a 5 pobladores, dos de ellos fueron liberados el pasado fin de semana tras pagar una multa en conjunto de casi 100 mil pesos, mientras que los tres restantes continúan presos.
Los pobladores han señalado, además, que patrullas de la policía estatal continúan en el pueblo y temen más detenciones violentas.
Maldonado Gutiérrez informó que este caso de Puebla forma parte de 3 expedientes en los que se documenta la represión durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Por su parte, Lucía Vergara y Luis Eduardo Klatt, integrantes de Artículo 19, anunciaron que mañana 30 de octubre asistirán ante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para presentar el caso de 10 estados en los que se han aprobado leyes que violan la libertad de expresión, entre ellas la llamada Ley Bala.
El 19 de mayo el Congreso de Puebla aprobó, a petición del gobierno de Rafael Moreno Valle, la llamada Ley Bala que regula el uso de armas no letales para disuadir manifestaciones. El ordenamiento fue estrenado el 9 de julio cuando la administración estatal montó un operativo para repeler a los pobladores de Chalchihuapan que bloqueaban la autopista Puebla-Atlixco, como protesta por el retiro de la operación del Registro Civil.
Los uniformados lanzaron proyectiles de gas lacrimógeno contra los manifestantes dejando a 9 ciudadanos heridos, el caso más grave fue el del niño José Luis Tlehuatle, quien perdió la vida por el impacto de uno de los proyectiles en la cabeza.
Tras los hechos, el 22 de julio el gobernador solicitó al Congreso local la abrogación de la Ley Bala, no obstante los diputados señalaron que harían foros de consulta a académicos y ciudadanos para mejorar el reglamento, por lo que hasta el momento sigue vigente.