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El gobierno de Puebla también tiene su versión sobre el sangriento 9 de julio: los manifestantes de Chalchihuapan usaron a niños como escudos; la diputada perredista Roxana Luna planeó la masacre; los policías fueron las víctimas; los pobladores iban armados; la muerte del niño estaba planeada y la mamá de José Luis Tehuatlie, ni siquiera lo cuidó en el hospital.
El problema de la versión oficial de los hechos es que están basadas en un endeble soporte: la teoría del complot.
En lugar de dar una explicación seria de los hechos, de reconocer los errores, de cobrar las facturas a los posibles responsables, de castigar los excesos y la brutalidad, el gobierno de Rafael Moreno Valle se radicaliza: los policías son las víctimas, todo estaba planeado y los manifestantes de Chalchihuapan obedecen a intereses oscuros que pretenden desestabilizar y detener el progreso de Puebla.
Es absurdo. Lo mismo dijo Díaz Ordaz sobre el 68 y lo mismo dijo Richard Nixon sobre el Watergate… hace casi cincuenta años. Y nadie les creyó.
¿Por qué en este país todo se responde con “una conspiración”, “un complot”?
Cuauhtémoc Gutiérrez dijo lo mismo cuando se descubrió su red de prostitución en las oficinas del Revolucionario Institucional en el Distrito Federal.
La versión morenovallista falla porque es absurda, porque carece de elementos verídicos. La defensa del gobierno morenovallista es poco creíble y aun así, no dejan de repetirla.
Tal vez es momento es regresar los pasos, analizar la situación y cambiar la estrategia, porque cada que Moreno Valle o su procurador Víctor Carrancá se mueven, se hunden más.
Ya sean serios.