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En las próximas horas, el Congreso de Puebla aprobará la reforma política para que en las elecciones gubernamentales de 2018 ciudadanos independientes de partidos políticos se puedan postular a un cargo de elección popular.
La iniciativa de reforma excluyó las iniciativas ciudadanas y la consulta pública, y solo se concentró en las postulaciones ciudadanas. Sin embargo, las condiciones para las personas ajenas a los partidos políticos se antojan inalcanzables.
De entrada, si alguien quiere ser candidato a gobernador, deberá presentar poco más de 81 mil firmas de respaldo y por si fuera poco, el Instituto Electoral del Estado no les proporcionará peso alguno para su campaña independiente. Sólo la posibilidad de que si ganan, el organismo electoral reembolsará hasta el 50 por ciento del gasto.
El candado económico podría ser suficiente para que ningún ciudadano se atreva a lanzarse en una campaña política gubernamental. Los ciudadanos interesados en competir llevan todas las desventajas: carecen de la estructura partidista; carecen de la infraestructura partidista y carecen de los recursos públicos. ¿Para qué sirve una reforma política que desmotiva a la participación ciudadana y que, por si fuera poco, excluye las iniciativas y las consultas públicas?