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La Procuraduría Federal del Consumidor clausuró las oficinas centrales de la empresa Concesiones Integrales encargada de la operación del servicio de agua en la entidad. Las puertas de la concesionaria fueron cerradas por violentar contra los derechos de los usuarios con sus cobros excesivos y su deficiencia administrativa.
El gobierno de Puebla guardó silencio ante la clausura. Según sus cálculos los sellos serían retirados en cuestión de horas. Pero sus escenarios se complicaron. El delegado de la Procuraduría en Puebla advirtió que los sellos se mantendrían hasta tres semanas. Mínimo.
Y el gobierno morenovallista seguía enmudecido. Cuando los sellos se mantuvieron y la empresa se vio obligada a esperar la resolución, la administración estatal al fin dijo esta boca es mía.
El viernes por la tarde Moreno Valle y su concesionaria se doblaron ante la dependencia federal y prometieron rectificar los cobros, resarcir los daños y hasta devolver dinero en caso de ser necesario. Profeco se compadeció y le retiró los sellos.
Moreno Valle se impactó con su realidad: ante el gobierno federal, es un enemigo muy débil y chiquito.