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La Reforma Hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto levantó polémica por la propuesta de la centralización de los servicios de salud y de la educación, es decir, la iniciativa del mandatario federal establece que será ahora el gobierno federal el que entregue en especie los medicamentos a los estados y el que pague la nómina magisterial en todo el país, dos casos en los que priva la opacidad de los gobiernos.
De acuerdo a especialistas, la propuesta tiene dos vertientes: combatir la corrupción o descalabrar el federalismo en el país. El problema es que en México, algunos gobiernos han abusado en la compra de medicamentos, material médico y aditamentos para los servicios de salud a niveles absurdos.
Para muestra es preciso recordar al ex secretario de Salud en la época marinista, Alfredo Arango, preso hoy por el delito de enriquecimiento inexplicable por 54 millones de pesos. Los actos de corrupción de Arango fueron documentados por medios locales y nacionales, y llegó al extremo de pagar medicamentos con un 400 por ciento de incremento.
La medida podría ser sana para casos tan polémicos como Puebla, Chiapas, Tabasco y otros estados donde los gobiernos han abusado de la facultad que hoy pretende restarles el gobierno de Enrique Peña Nieto y donde los gobernadores se han erigido como virreyes.