Friday, 26 de April de 2024

Política

Proponen prisión de hasta 3 años a despachos de cobranza que intimiden y acosen a deudores

- Foto: Especial

La propuesta fue hecha por el legislador panista Sergio Moreno Valle, debido a que algunas empresas no están registradas ante la autoridad competente, y en varias ocasiones realizan usurpación de funciones

Por Osvaldo Macuil/@OsvaldoMacuil /

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Puebla para sancionar a dueños y trabajadores de despachos jurídicos dedicados a cobranza que intimiden o acosen a los deudores con penas de 1 a 3 años de cárcel.

La propuesta fue presentada por el diputado panista, Sergio Moreno Valle y contempla modificar el capítulo Decimocuarto del Código Penal y añadir el artículo 290 BIS para establecer las sanciones y añadir la figura de cobranza extrajudicial ilícita. 

 “Se entenderá por cobranza extrajudicial ilícita al uso de la violencia o intimidación, ya sea personalmente, a través de un representante legal o por cualquier medio, para requerir el pago de una deuda o supuesta deuda a quien funja como deudor, aval o cualquier responsable u obligado solidario”.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Mario Rincón detalló que se pretende acabar con las extorsiones que se cometen con el pretexto de realizar algún cobro.

Trabajaremos para que se castigue de 1 a 3 años de cárcel a las empresas que hagan cobros extrajudiciales, que hagan acoso, que intimiden a acreedores de temas mercantiles”, explicó.

El diputado del PAN dijo que estás empresas no están registradas ante la autoridad competente, y en varias ocasiones realizan usurpación de funciones.

En la redacción del artículo 290 BIS se establece: “Se sancionará de uno a tres años de prisión y multa de ciento cincuenta a trecientas unidades diarias de medida y actualización, a la persona física o jurídica que por medio de su representante legal lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilícita, con excepción de las personas dedicadas al otorgamiento de créditos y financiamiento reguladas en leyes federales".

La propuesta para modificar el Código Penal establece que cuando se ocupen documentos o sellos falsos para acosar al deudor, la sanción incrementará en una mitad, es decir, el responsable pasaría hasta 4 años con 6 meses en prisión.