El Frente Urbano de Colonos Popular ―“FUCP 8 de Junio”― responsabilizó al presidente municipal de Chietla, Edgardo Ponce Cortés y al diputado federal Jorge Estefan Chidiac por el violento desalojo que sufrieron vecinos de la junta auxiliar de Atencingo, en el municipio de Chielta, la mañana del domingo 26 de noviembre. Esto para poder demoler un inmueble donde los afectados vivían.
Alrededor de las 10:00 horas llegaron elementos de la Policía Municipal acompañados por grupos armados y “acarreados”, quienes de forma violenta comenzaron a sacar a las personas de sus viviendas. Los agraviados denunciaron que mujeres, niños y personas de la tercera edad fueron golpeados. El choque dejó como saldo dos personas detenidas, dos desaparecidos y al menos 10 lesionados.
En rueda de prensa, los afectados reconocieron que el presidente municipal ya les había advertido sobre el desalojo, además de que llevaba varios años amedrentándolos y asegurando que él cuenta con las escrituras del predio de más de 700 hectáreas, mismas que nunca ha presentado.
Aseguraron que ellos ya han interpuesto varios amparos para defender las propiedad en la que han vivido por más de 25 años, pero han sido ignorados por el Ayuntamiento.
El 25 de agosto, las autoridades municipales les notificaron que tenían que desalojar sus viviendas o de lo contrario serían derribadas. El 3 de noviembre, intentaron sostener una reunión con el edil, sin embargo fue suspendida por la actitud amenazante de este, quien les advirtió que en los próximos días entraría maquinaria pesada para demoler el lugar.
Las viviendas derrumbadas están ubicadas en una zona federal que pertenecía a la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, justo donde el legislador federal, Jorge Estefan Chidiac anunció la construcción de una presidencia para esa junta auxiliar.
Los afectados dijeron que son personas de escasos recursos y siempre han cumplido con el pago de los servicios como agua y luz. Además de que la presidencia auxiliar que ya existe es suficiente para dar atención.
Tal parece que hay un interés económico para realizarlo a beneficio de algunos funcionarios. Con esta agresión, queda de manifiesto los intereses de los empresarios del ingenio de Atencingo que representan estos “servidores públicos”.