El gobierno de Rafael Moreno Valle encubrirá a los responsables del violento desalojo en Chalchihuapan el pasado 9 de julio que derivó en la muerte del niño José Luis Tlehuatle, pues el jefe de la oficina del gobernador y encargado de la investigación, Juan Pablo Piña Kurczyn declaró que no habrá cambios en el gabinete de la administración estatal.
Por esta razón, el secretario de Seguridad Pública (SSP), Facundo Rosas Rosas, señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como el responsable del operativo y acusado de haber mentido y obstaculizado en la investigación permanecerá en su cargo. También el procurador General de Justicia, Víctor Carrancá señalado por no haber atendido a las víctimas y el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado señalado por la falta de diálogo con los manifestantes.
En entrevista, el funcionario morenovallista aseguró que el gobierno de Puebla ha cumplido con las once recomendaciones emitidas por la CNDH por el caso Chalchihuapan, sin embargo al ser interrogado sobre las disculpas públicas que se deben de ofrecerse, el funcionario dijo desconocer la fecha en la que se realizarán.
Estamos en eso, todavía no tenemos la fecha exacta… están en proceso de cumplirse”.
Es preciso recordar que la sexta recomendación señaló que se debe dar "una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos responsables".
En cuanto a la indemnización que el gobierno del estado debe otorgar a todas las víctimas del operativo del pasado 9 de julio, Piña Kurczyn reveló que el fiscal especializado para atender la investigación ordenada por la Comisión de Derechos Humanos será el encargado de crear un fideicomiso especial para sufragar los montos, aunque admitió desconocer cuánto dinero se destinará.
El fiscal especial está encargado de esa parte, crear un fideicomiso para esa situación… lo están apenas creando. Se dará a todos los que la CNDH consideró víctimas.
Cabe recordar que el gobernador Rafael Moreno Valle tiene 15 días para entregar pruebas de que ha puesto en marcha las recomendaciones de la CNDH y 15 días más para demostrar que se han cumplido totalmente de lo contrario tendrá que comparecer ante la Cámara de Senadores