La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a través del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Vélez Pliego", en coordinación con la Universidad Iberoamericana de Puebla trabajan en una propuesta de Ley General de Aguas para revertir la privatización del servicio de agua potable y alcantarillado en el estado, medida impulsada por el gobierno de Rafael Moreno Valle.
La propuesta, para la que ya se encuentran recolectando firmas de los ciudadanos que se han visto afectados con la medida, fue presentada este día en el foro "Cuidado y defensa del territorio frente a políticas depredadoras", que se lleva a cabo en la Universidad Iberoamericana Puebla.
En la serie de conferencias y mesas de trabajo que se llevaron a cabo este día, académicos y ciudadanos hablaron sobre la concesión del SOAPAP, que en mayo fue entregado a la empresa privada Concesiones Integrales y que derivó en un incremento de hasta el 300 por ciento en el costo del servicio.
Tras haber sido adjudicada la operacion y manejo del agua en Puebla por los próximos 30 años a esta empresas, la ciudadanía buscará impulsar una revocatoria que permita recuperar este recurso humano y que éste sea de propiedad pública y no privada.
"Agua para todos, agua para la vida" es la campaña de sensibilización desarrollada por el Instituto Alfonso Vélez Pliego de la BUAP en conjunto con la Universidad Iberoamericana de Puebla.
La iniciativa busca sensibilizar a la gente sobre el uso y el cuidado del agua e impulsa una ley para proteger el agua, haciendo de este un recurso para todos y no para unos pocos.
En conferencia realizada en la Ibero Puebla, concurrieron académicos y movimientos sociales que están en contra de la privatización del agua. Se destaca la participación del maestro Gerardo Alatorre representante de la Universidad Veracruzana y de la Asamblea Social del Agua, quien denunció irregularidades del cabildo poblano durante la aprobación de la Ley de Agua.
Este movimiento exige la derogación de la Ley Estatal de Agua y pide la revocación del acuerdo del Cabildo poblano firmado en septiembre de 2013. Además acusó no haber recibido respuesta del gobierno morenovallista sobre los pormenores en la entrega de la operación del servicio a Concesiones Integrales.