Derivado de múltiples quejas de familiares por cuotas y extorsiones en el penal de San Miguel en Puebla capital, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aplicó medidas disciplinarias.
Así lo afirmó el titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, tras reconocer que recibieron denuncias del sitio e iniciaron un análisis.
El funcionario del Gobierno de Puebla indicó que, como resultado de las quejas emitidas por familiares de los presos en el penal de San Miguel, hubo medidas disciplinarias.
Nosotros recibimos algunas quejas y tomamos medidas disciplinarias, hicimos ajustes en el penal de San Miguel”.
El vicealmirante aseveró que, tanto en este sitio como en algún otro de los penales de la entidad, tomarán en cuenta las denuncias. Además, añadió que se mantendrán pendientes de cualquier situación que se presente.
Otro de los penales donde se registraron quejas es el de Tehuacán, derivado del hacinamiento, insalubridad y escasez de alimentos.
De este tema, el secretario de Seguridad Pública indicó que también se atenderá, pero será con apoyo de la Comisión de Derechos Humanos (CDH).
Francisco Sánchez González mencionó que conformarán una comisión y, en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob), acudirán para dar respuesta.
Añadió que es obligación de su dependencia acercarse a supervisar lo que sucede en cada penal para actuar en el ámbito de la ley.
Quejas en el penal de San Miguel en Puebla son contra directivos y funcionarios
Familiares de personas privadas de la libertad, emitieron diversas acusaciones contra directivos y funcionarios del penal de San Miguel, en Puebla.
En ellas, acusan a César Camacho, quien labora en el Centro de Reinserción Social (Cereso); y a Gilberto Jesús Cerna Rivera, el director del penal, de exigir supuestas extorsiones y cobrar cuotas a los presos.
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De acuerdo con información enviada a PÁGINA NEGRA, ambos funcionarios se justifican al mencionar que sólo “siguen órdenes del gobierno de Alejandro Armenta”.
En el caso del penal de Tehuacán, el señalado es el director Gerardo de la Fuente Vázquez Mellado, a quien acusan de tolerar que grupos delictivos de presos con mayor antigüedad, gobiernen dentro de la prisión.
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