Nombran a Pedro Alberto Plaza como nuevo titular de la Comisión de Atención a Víctimas (Ceeavi) de Puebla. Luego de que el órgano de gobierno formalizara la salida de Lizeth Gallegos.
Este cambio ocurre tras cuestionamientos sobre el manejo de los recursos destinados a las víctimas y señalamientos directos de malas prácticas administrativas.
Apenas en diciembre de 2025, el organismo se vio afectado por denuncias públicas de cobro de “derecho de piso” a trabajadores de la propia institución.
En ese sentido, el Ceeavi nombró por unanimidad a Pedro Alberto Plaza como nuevo titular del organismo. El subsecretario de Desarrollo Político, Rodolfo Huerta Espinoza, presidió la sesión extraordinaria.
Asimismo, durante el encuentro, se tomó protesta a Brahim Zamora Salazar y María Fernanda Díez Torres, nuevos integrantes ciudadanos que se incorporan al organismo colegiado.
Previo al nombramiento, se realizó un ejercicio de rendición de cuentas sobre el ejercicio anual anterior. La Comisión reportó la firma de convenios y cursos con universidades públicas y privadas.
En un comunicado, el Gobierno del Estado informó que este fortalecimiento institucional busca garantizar una atención integral, digna y oportuna a las víctimas.
Pedro Alberto Plaza asume la Ceeavi; sale Lizeth Gallegos tras denuncias de “derecho de piso” y represalias
La caída de la anterior administración se gestó a finales de 2025, cuando CENTRAL reveló el testimonio de la abogada Carolina Botello, exasesora legal de la Comisión.
Carolina Botello denunció un esquema de corrupción que habría iniciado con la llegada de Lorena Medel García a la Dirección de Asesoría Jurídica.
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Según la denuncia, a los trabajadores se les exigía un derecho de piso para mantener sus puestos, una práctica reportada directamente a Lizeth Gallegos.
Aunque la entonces comisionada convocó a los trabajadores para escuchar sus versiones, bajo la promesa de que no habría represalias, la realidad fue distinta.
Días después de denunciar la corrupción interna, a Carolina Botello se le exigió la renuncia voluntaria. La institución argumentó una supuesta “pérdida de confianza.
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