Hasta el momento suman tres municipios de Puebla en donde fue eliminado el cobro del Derecho del Alumbrado Público (DAP) de las Leyes de Ingresos. Estos tres ayuntamientos pactaron un acuerdo con la población, donde les prometieron que el costo no sería tan excesivo como les habían hecho creer, y de lo contrario, lo derogarían.
A 19 días de que el Congreso local aprobó la inclusión del DAP en 143 municipios que lo solicitaron, diversos grupos de pobladores, influenciados por la diputada federal de Morena, Inés Parra Juárez, y trabajadores de Bienestar federal, se manifestaron de forma inesperada contra de este cobro.
Dos agitadas protestas simultáneas en los municipios de Coxcatlán y Chapulco empujaron a los alcaldes, Camerino Montalvo Montiel y José Ignacio Rodríguez Pérez, a celebrar una sesión extraordinaria de Cabildo para eliminar el DAP de las Leyes de Ingresos, aquella tarde del 11 de enero.
La inconformidad se encendió como pólvora y, al día siguiente, gente de Inés Parra ya preparaba protestas en los municipios de Zinacatepec, Ajalpan, Santiago Miahuatlán y San Gabriel Chilac, siendo este ayuntamiento el último donde el DAP fue derogado el pasado 12 de enero.
Con ellos, suman tres municipios donde este cobro fue eliminado, mientras que en Zinacatepec, Ajalpan y Santiago Miahuatlán, las autoridades locales llegaron a un acuerdo.
La premisa de los pobladores era que el cobro del DAP afectaría fuertemente a las familias, debido a que se contemplaban pagos en distintos municipios que superaban los 50 pesos mensuales por casa, situación que alarmó a las familias que desconocían de este derecho.
Esta idea fue difundida ampliamente por Inés Parra, quien incentivó a las movilizaciones junto con sus simpatizantes.
Sin embargo, la realidad no era tan alarmante como lo presumían. Los montos más altos del DAP —señalados como un cobro general para cada familia— solo aplicarían para empresas. Los consumidores comunes solo absorberían el 6.5%, por lo que su pago no superaría los 10 pesos mensuales, en el recibo de luz.
Ediles logran frenar el DAP y calmar el conflicto
Los alcaldes de Zinacatepec, Ajalpan y Santiago Miahuatlán pudieron manejar el conflicto contra los pobladores, asegurando que el DAP no tendría un alto costo. Su manera de convencerlos fue mediante un acuerdo.
El 14 de enero, los habitantes de Zinacatepec rodearon la presidencia municipal para dialogar con el edil de Morena, Mario Huerta Gómez, a quien exigieron la eliminación del DAP, como en Coxcatlán y Chapulco.
Permanecieron en el sitio durante horas, acusando que el alcalde no quería darles la cara. Por la noche, el edil, en compañía del Cabildo, se reunió con los pobladores. Marío Huerta justificó que ese día había salido del municipio.
En lugar de eliminar el DAP, la propuesta fue firmar un acuerdo, donde el ayuntamiento se comprometía a que el cobro sería igual a los años anteriores, rechazando que hubiese un aumento exponencial. Firmaron que, en caso de haber un incremento, el Cabildo estaría obligado a eliminar el DAP de la Ley de Ingresos.
Pese a ese acuerdo, los simpatizantes de Inés Parra convencieron a la gente de mantenerse en protesta, por lo que al día siguiente hubo unenfrentamientocontra los granaderos.
Este acuerdo por mantener el costo del DAP también se replicó en Ajalpan y Santiago Miahuatlán, donde los ediles lo firmaron en los mismos términos, ocasionando que, de esa forma, las protestas también disminuyeran.
Denuncias apaciguan los conflictos
Por otra parte, las denuncias penales que anunció el gobernador Miguel Barbosa Huerta también influyeron en que los simpatizantes de Inés Parra —entre ellos, trabajadores de la Secretaría de Bienestar— desistieran en sus protestas.
Y es que el 14 de enero —día de la manifestación en Zinacatepec—, el mandatario poblano advirtió que irían contra aquellos que incitaran a la violencia. Al respecto, Inés Parra dijo que se le violentaba su derecho a manifestarse.
Bastaron tres días para que la Fiscalía General del Estado (FGE) abriera carpetas de investigación contra 16 trabajadores de Bienestar federal, que estuvieron en los disturbios de estos seis municipios. Fueron denunciados por participar en manifestaciones, agresiones verbales, privación de la libertad y cierres en vías de comunicación.
Cuando las denuncias se dieron a conocer, las protestas en la Sierra Negra disminuyeron drásticamente.
Inés Parra y sus incongruencias
Desde que ocurrieron las primeras manifestaciones, actores de distintos partidos no esperaron para hablar sobre las intenciones de la diputada federal.
El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Jorge Estefan Chidiac, señaló que Inés Parra actuaba con miras al 2024, aprovechándose de las rupturas al interior de Morena para tensar las relaciones de cara a la sucesión de la gubernatura.
A su vez, resaltó que las acciones de Inés Parra destacaban por su incongruencia, ya que, como legisladora federal, incluso avaló el presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se incluyó el DAP que ahora critica.
Por su parte, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, cuestionó el “apoyo” de Inés Parra a la población de la Sierra Negra, ya que como legisladora no ha vinculado obras en su distrito.
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