La falta de personal es una de las principales deficiencias de la Fiscalía General del Estado (FGE). Pues en 2022, en Puebla solo existió un agente del Ministerio Público (MP) por casi cada 10 mil habitantes.
Así lo exhibieron los datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal-Federal 2023, en el que se destacó la falta de personal.
De acuerdo con los tabulados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Puebla existen un total de 163 unidades administrativas de la FGE.
En ellas, existe un total de tres mil 295 colaboradores. De los cuales, 201 son directivos, 666 son agentes del ministerio público, 56 secretarios, 332 peritos, mil 87 policías ministeriales y 144 facilitadores. Además de 107 analistas de información criminal y 702 administrativos.
Sin embargo, en este sistema en Puebla, es en los agentes del MP en donde recae la mayor responsabilidad de la procuración de justicia. Pues es en este eslabón, son el primer contacto con las víctimas que presentan la denuncia.
Un agente del MP por casi cada 10 mil habitantes
En Puebla existen al 2023 un total de seis millones 583 mil 278 habitantes, por lo que el número de agentes del MP se reduce a uno por cada nueve mil 884 habitantes.
Cabe señalar que los estándares internacionales manejan un promedio de 10 agentes por cada 10 mil habitantes. Por lo que el estado, está 90 por ciento por debajo de este promedio.
Mientras que su carga de trabajo, fue de 115 carpetas de investigación en promedio al año. Esto quiere decir que los agentes del Ministerio Público solo invierten 76 horas en promedio por carpeta de investigación.
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Sin embargo, este promedio no contabiliza las horas de descanso o de sueño de los agentes. Por lo que el tiempo efectivo se ve reducido a 50 horas por cada carpeta de investigación.
En este tiempo deben integrar la investigación, armar el expediente, investigar los primeros datos de prueba y presentar la imputación ante un juez de control.
De ahí que la sobrecarga de trabajo imposibilite una mejoría en el sistema acusatorio penal ante la falta de recursos humanos para llevar a cabo esta labor.
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