Idamis Pastor Betancourt recibió de manos de Gilberto Higuera Bernal una Fiscalía General del Estado de (FGE) de Puebla con saturación de trabajo para policías ministeriales y un desafío de modernización forense.
El más reciente estudio de Causa en Común, “Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de las fiscalías”, con cifras del cierre de 2024, exhibe esta situación.
Dicho documento establece que la Fiscalía de Puebla opera en un entorno de saturación ministerial comparativamente menor que el de otras regiones del país. Asimismo, registra avances sólidos en la regularización de sus elementos operativos.
El informe detalla que el aparato estatal de procuración de justicia mantiene focos de eficiencia inusuales en el contexto de la crisis de seguridad nacional. No obstante, las deficiencias estructurales en infraestructura y la falta de inversión a largo plazo ensombrecen los indicadores institucionales.
Uno de los hallazgos más significativos del estudio es el balance operativo de los ministerios públicos poblanos.
Durante el año evaluado, 2024, el estado registró un universo de 116 mil 364 carpetas de investigación formalizadas. Las cuales fueron asignadas a un cuerpo pericial de 661 agentes del ministerio público activos.
Esta proporción matemática sitúa el promedio de atención en 176 carpetas por cada funcionario. A nivel de comparativa nacional, esta cifra posiciona a Puebla de manera favorable por debajo de la media del país, estimada en 258 expedientes simultáneos por agente.
El escenario contrasta con los niveles de saturación extrema observados en entidades de alta incidencia como Jalisco, donde un solo agente llega a promediar 896 carpetas. Estados como Aguascalientes también mantienen saturación con 724 casos por investigador.
Sin embargo, la brecha sigue siendo considerable al contrastarse con los estándares óptimos reportados en entidades como Yucatán, con apenas 16 carpetas asignadas por funcionario.
Al menos 88% de policías de investigación en Puebla cuentan con Certificado Único Policial vigente
En el rubro de capital humano y confiabilidad, las corporaciones poblanas muestran una tendencia de cumplimiento superior al grueso de la república.
El reporte destaca que el 88 por ciento de los agentes de la policía de investigación adscritos a la Fiscalía Estatal cuentan actualmente con el Certificado Único Policial (CUP) vigente.
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Dicha cifra inserta al estado en un rango calificado como medio-alto. Puebla permanece rezagada respecto a coberturas totales o ejemplares documentadas en regiones como la Ciudad de México (100 por ciento), Coahuila (99 por ciento) y Sonora (98 por ciento). Pero su estatus destaca positivamente al medirse con el rezago crítico de demarcaciones del sur y centro de la nación.
Destacan los casos de Guerrero, con apenas un 22 por ciento de elementos acreditados, Chiapas con un 15 por ciento, y Tlaxcala, que reportó un alarmante cero por ciento en vigencia de certificaciones esenciales para la operación policial legal.
Infraestructura forense de la Fiscalía de Puebla permanece estancada desde 2021: Causa en Común
Además de la saturación de ministeriales, el verdadero talón de Aquiles de la Fiscalía de Puebla radica en su infraestructura científica, pericial y forense.
De acuerdo con los datos recabados por Causa en Común, el estado ha mantenido una infraestructura forense completamente inalterada y estancada entre 2021 y 2024.
Durante este periodo, la entidad reportó la existencia de un único centro de resguardo forense formal.
De forma paralela, la capacidad máxima de almacenamiento de dicho espacio quedó fijada de forma inamovible en 210 unidades disponibles.
Esta falta de expansión presupuestal y operativa coloca a Puebla en un grupo específico de entidades federativas caracterizadas por una parálisis total en materia de desarrollo forense.
Los expertos de la organización civil advierten que este congelamiento en la capacidad instalada resulta preocupante a mediano plazo. Pues ignora las dinámicas delictivas y el flujo constante de requerimientos periciales que exige el sistema penal actual.
Mientras estados como Coahuila o Guanajuato han reportado inversiones calendarizadas para expandir sus laboratorios y anfiteatros. Puebla apuesta por la subsistencia de una estructura estática, librándose de las crisis de saturación total reportadas en Nuevo León únicamente por la contención temporal de sus flujos operativos.
El balance conclusivo para Puebla apunta a la urgencia de reorientar el gasto público. El reto inmediato ya no reside únicamente en desahogar las mesas de trámite ministerial o certificar a las policías de investigación. Sino en dotar al estado de herramientas forenses modernas que impidan el colapso definitivo del eslabón científico de las investigaciones penales.
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