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El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta anunció que iniciaron los trabajos de reconstrucción de las viviendas que se desplomaron en San Pablo Xochimehuacan por la explosión de una toma clandestina de gas Licuado de Petróleo (LP) ocurrida el 31 de octubre de 2021.

En conferencia de prensa, dijo que se lanzó una licitación pública nacional y se inició con la nivelación del terreno afectado, que está autorizado para que sea habitado.

Sobre las casas que serán reubicadas, dijo que continúan los trabajos de urbanización del predio en la zona de El Batán para que cuenten con todos los servicios necesarios y puedan comenzar a construirse.

Por otra parte, detalló que se está reparando el ducto de agua que se fracturó con la explosión y sigue en análisis la zona para determinar si hay más tomas clandestinas de gas Licuado de Petróleo, dichos trabajos los están realizando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las viviendas serán de 80 metros cuadrados

Respecto a las casas, en noviembre de 2021, la Secretaría de Infraestructura presentó un modelo para la reconstrucción que consta de viviendas de 80 metros cuadrados que contarán con dos recámaras, alcoba, baño, sala, comedor, cocina, espacio para estacionar un vehículo y un jardín.

El 9 de diciembre, el Gobierno de Puebla lanzó una licitación pública estatal para contratar una empresa que ejecutará el proyecto integral de urbanización del predio denominado “El Batán”.

De acuerdo con la convocatoria los trabajos se realizarían en 11 días y debían terminar el 31 de diciembre de 2021; sin embargo, el plazo se amplió.

El encargado de despacho de la Secretaría de Administración, Jesús Ramírez Díaz dijo que el predio que se urbanizará mide aproximadamente dos hectáreas. La empresa está realizando la limitación de calles, la instalación del alumbrado público, drenaje y el servicio de agua.

El proceso se dividió en dos fases, la primera es la urbanización y la segunda la construcción, para ello se deberán hacer los trámites necesarios ante el Congreso del Estado para que se pueda ceder la propiedad pública a los damnificados.

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