Exfuncionarios del gobierno de Puebla, involucrados en el desfalco de Banco Accendo, interpusieron una apelación contra la sanción del Tribunal de Justicia Administrativa.
Así lo declaró la titular de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, Stephanie Pérez Calderón, quien asumió recientemente el cargo en sustitución de Josefina Morales Guerrero.
A su vez, Morales Guerrero ahora dirige el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, Soapap.
Durante una rueda de prensa, la funcionaria mencionó que el proceso legal del caso continúa. Sin embargo, las autoridades se mantienen a la espera de una determinación firme.
Además, los exfuncionarios acusados del desfalco en Banco Accendo promovieron un recurso de apelación.
Sigue el proceso legal, estamos a la espera de una determinación firme y recientemente fue notificada que se interpusieron unos recursos de apelación por los exservidores públicos involucrados”.
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María Teresa Castro, entre los exfuncionarios acusados del desfalco en Banco Accendo
Entre los exfuncionarios acusados destaca la exsecretaria de Administración y Finanzas, María Teresa Castro Corro.
A finales de octubre pasado, las autoridades informaron que la exservidora pública recibió una multa y una inhabilitación por el fraude ocurrido durante la administración del exgobernador Miguel Barbosa Huerta.
De acuerdo con la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial de Puebla, la inhabilitación será por 20 años, es decir, durante ese periodo no podrá ocupar ningún puesto público.
Mientras tanto, la multa económica alcanza los 362 millones 997 mil 678 pesos con 99 centavos.
El tribunal la declaró plenamente responsable de los hechos. Entre los delitos que le atribuyen aparecen el desvío de recursos públicos y el abuso de funciones.
Todo ello derivó de la inversión fallida de más de 604 millones de pesos en Banco Accendo. Posteriormente, dicha institución financiera se declaró en quiebra, lo que dejó un hoyo financiero cercano a los 600 millones de pesos en las arcas estatales.
Pese a ello, en la administración de Miguel Barbosa Huerta la presentaban como funcionaria destacada. No obstante, hoy la acusan del grave quebranto a las finanzas del estado.
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