La diputada de Morena, Grace Palomares, presentó una iniciativa para imponer penas de hasta 18 años de prisión en Puebla a quienes cometan fraudes con autos rentados como el desmantelamiento, la venta o el uso ilícito de los mismos.
La propuesta de ley ante el Congreso de Puebla busca dejar de tratar estos actos como abuso de confianza. Y de igual forma, equipararlos al delito de robo, endureciendo significativamente las sanciones.
La reforma que adiciona el Artículo 375 Bis al Código Penal del Estado, establece una sanción inicial de seis a 12 años de cárcel. Así como multas de 500 a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Esta medida aplicaría para quienes dispongan ilegalmente de los autos rentados sin el consentimiento de la empresa propietaria ante la creciente problemática en Puebla.
El punto más severo de la iniciativa de la regidora morenista radica en las agravantes que podrían elevar la pena hasta en una mitad alcanzando un máximo de 18 años de prisión.
Las circunstancias que justificarían esta pena máxima incluye el uso de documentos falsos para la firma del contrato de arrendamiento. Así como el aprovechamiento de la posición como trabajador de la empresa arrendadora para cometer el delito.
Esta medida busca ser una herramienta disuasoria ante la creciente problemática que afecta a la industria de renta de autos y la ciudadanía en Puebla.
Iniciativa busca castigar el delito grave en Puebla, no la demora en la devolución de los autos rentados
La iniciativa está dirigida a combatir delitos precisos y graves como la venta ilegal y el uso de autos rentados en actividades criminales, así como el fraude patrimonial en Puebla.
En ese sentido, la reforma al Código Penal del Estado de Puebla no criminaliza a quienes tengan una demora en la devolución de los automóviles
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Asimismo, señala que la tipificación actual como abuso de confianza es insuficiente para castigar la gravedad de estos actos. Mismos que a menudo están ligados al crimen organizado y al fraude patrimonial.
De aprobarse, esta reforma representaría un endurecimiento en la legislación poblana contra el fraude en el sector de alquiler de vehículos. Con lo que se busca mayor protección a las empresas.
De la misma manera se establecería una barrera legal más sólida para evitar el uso de vehículos rentados y otros activos en actividades ilícitas.
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