Especialistas del Poder Judicial coincidieron en que la tipificación del ciberasedio no atentará en contra de la libertad de expresión de periodistas, ya que no procederían en los juzgados.
Este 20 de junio se llevó a cabo el segundo foro de “Ciberseguridad en Puebla” para socializar la reforma al Código Penal del estado.
Durante el conversatorio participaron periodistas, asociaciones, protectores de derechos y funcionarios públicos.
Entre ellos, el director general de Servicios Técnicos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Juan Carlos Pérez Vallejo.
Durante su exposición, indicó que durante 2025 se registraron 910 denuncias por hostigamiento digital; aunque no detalló cuantas de ellas se judicializaron.
No se informó si la legislación sobre ciberasedio redundó en excesos, considerando que ya existen investigaciones de este tipo.
Sin embargo, resaltó la importancia de actualizar las normas jurídicas a la tendencia digital, advirtiendo que esto no vulnera la libertad de expresión.
Todos los días atendemos conductas que hasta ahora no era posible tipificar… por eso es tan importante tener ya la figura en la legislación”.
En tanto el magistrado del Poder Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Juan Jesús Gutiérrez Estrada, indicó que las denuncias por ciberasedio en contra de periodistas y activistas no procedían en juzgados.
Esto, al referir que ya existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al salvaguardar la sátira política.
Menores, los más vulnerables en redes sociales
La directora de la Policía Cibernética, Jocelyn San Martín Rosas, detalló que los menores de edad son los más vulnerables a sufrir agresiones en redes sociales.
Sin embargo, también son los responsables de atacar a sus compañeros, aunque esta sanción ya se considera como ciberbullying.
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El responsable del Observatorio “Con Los Ojos Abiertos”, Shanik David George, también se pronunció a favor de la tipificación de este delito.
Aunque refirió que se debe de cambiar la redacción del artículo 480 del Código Penal, al ser ambigua y abierta a la mala interpretación.
Sin embargo, varios ciudadanos expresaron su preocupación, al considerar que este delito servirá como una herramienta para inhibir cuestionamientos en contra de funcionarios y servidores públicos en redes sociales.
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