En comisiones del Congreso de Puebla, diputados validaron la reforma para que policías de seguridad privada que no aprueben exámenes de control sean dados de baja en tres días.
El pasado 10 de julio, el gobernador Alejandro Armenta Mier presentó la iniciativa ante la Mesa Directiva. En ella se busca reformar diversos artículos de la Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla.
La iniciativa quedó aprobada por unanimidad por los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Puebla.
En su exposición de motivos, el gobernador de Puebla expresó que las empresas que prestan los servicios de vigilancia privada y traslado de valores lo hacen con requisitos mínimos para su operación.
A esto se le suma la falta de profesionalismo, capacitación y confiabilidad de diversos elementos de seguridad privada.
Tal y como se evidenció en meses anteriores con las agresiones en contra de comensales por parte de cadeneros de antros. Quienes a partir de la reforma impulsada por el gobernador Sergio Salomón Céspedes, deben de formar parte de corporaciones de seguridad privada.
Por ello, resulta imperativo fortalecer la profesionalización y supervisión del personal operativo de las empresas de seguridad privada, para que sirvan de complemento en la seguridad pública.
En 2024, Puebla se ubicó en el sexto lugar con más empresas de seguridad privada en el país con 252. Y con 6 mil 011 elementos registrados.
De acuerdo con Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sancionó a 138 empresas por no cumplir con las certificaciones.
Dan plazo de tres días para dar de baja a policías de seguridad privada que reprueben exámenes de control
Entre estos requisitos se propone que la certificación de los elementos de seguridad privada se realice en la Universidad de Ciencias Policiales de Puebla.
Uno de los puntos fuertes de la iniciativa presentada por el gobernador de Puebla, es dar de baja a los policías de seguridad privada que no aprueben sus exámenes de control y confianza en un plazo máximo de tres días.
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Con esto se garantiza que no exista la intromisión de grupos delictivos dentro de las empresas dedicadas a la seguridad privada
Asimismo, las empresas privadas tendrán que informar en los primeros cinco días hábiles de cada mes, el total de su plantilla operativa, administrativa y directiva.
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