Por considerar que el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP) trasgrede las garantías a la seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de esta recaudación.
A un mes de que el Congreso del Estado de Puebla aprobó más de 100 Leyes de Ingresos que contienen el cobro del DAP, y la respectiva fórmula con el mecanismo para el pago, la CDH presentó la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Las contribuciones por alumbrado público previstas en las leyes impugnadas, no tienen la naturaleza de “derechos”; en realidad se trata de un impuesto que grava directamente el consumo de energía eléctrica cuyo gravamen únicamente corresponde al Congreso de la Unión”, indica el comunicado de la CDH.
El organismo enfatiza que no busca confrontar o atacar a las instituciones con esta acción de inconstitucionalidad, únicamente se pretende la defensa de los derechos humanos contenidos en la legislación.
¿Qué pasó después de la aprobación del DAP?
La madrugada del 24 de diciembre, el Congreso del Estado aprobó las Leyes de Ingresos de los diferentes municipios y en 144 de éstas se incluyó el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP).
Sin embargo, para los municipios de Puebla, San Pedro Cholula y San Andrés Cholula los diputados rechazaron la aplicación del DAP derivado del monto que debían solventar los ciudadanos, también fue definitorio el cabildeo que hicieron los propios ediles.
Desde los primeros días de enero comenzaron a surgir inconformidades por parte de pobladores y actores políticos ante el cobro del DAP. Incluso, en municipios como Coxcatlán y Chapulco el cobro de este derecho fue eliminado ante la presión social que ejercieron los ciudadanos contra los ediles.
En municipios como Zinacatepec y Ajalpan, la diputada federal, Inés Parra Juárez fue señalada por estar detrás de las protestas para presionar con la derogación del DAP.
El propio Gobierno del Estado señaló que personal de la Secretaría de Bienestar federal también está involucrado en la movilización de personas para presionar a los presiones municipales con la derogación del DAP y el gobernador Miguel Barbosa Huerta adelantó que habría denuncias en contra de los responsables.
La mañana de este miércoles, la síndico municipal del Ayuntamiento de Puebla, Guadalupe Arrubarrena declaró que se analizaba la posibilidad de impugnar ante la SCJN la decisión del Congreso del Estado, que rechazó el cobro del DAP en la capital.
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