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México experimenta una reforma profunda en su sistema de justicia con la publicación del Código Nacional Civil y Familiar o de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) de México. 

Esta nueva ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, busca unificar las reglas de los juicios civiles y familiares en todo el país.  

El objetivo principal es reemplazar los 32 códigos procesales estatales que existen ahora, estableciendo un modelo más ágil, transparente y accesible para la ciudadanía. 

Oralidad como Eje Central del Código nacional civil y familiar en México  

El Código Nacional Civil y Familiar coloca la oralidad en el centro del sistema, trasladando muchos procesos escritos a audiencias verbales ante jueces.

Esta modalidad busca hacer más dinámica la administración de justicia, reducir los tiempos para resolver los casos y fortalecer la comunicación entre las partes involucradas. 

El nuevo Código también incorpora el uso de herramientas digitales. Se prevé la implementación de notificaciones electrónicas, expedientes en línea y audiencias a distancia. 

Con la publicación del Código Nacional Civil y Familiar de México, el país avanza hacia una justicia digital que se ajuste a las necesidades actuales. 

Enfoque de Derechos y Gradualidad con el Código Nacional Civil y Familiar de México 

Un aspecto fundamental del Código es su enfoque en los derechos humanos y la perspectiva de género. 

Por ejemplo, en los procesos familiares se da prioridad a la protección integral de niñas, niños y adolescentes. También se contempla la adopción de medidas de protección inmediatas en situaciones de violencia familiar. 

En materia civil, el nuevo ordenamiento simplifica trámites de jurisdicción voluntaria, como la adopción o el reconocimiento de documentos, volviéndose más accesibles y eficientes. 

La aplicación del Código Nacional Civil y Familiar de México se dará de forma gradual en tres etapas principales: 

  • 1 de diciembre de 2024: Inicia con ciertos juicios especiales orales. 
  • 1 de junio de 2025: Se amplía a procedimientos ejecutivos y de jurisdicción voluntaria. 
  • 15 de noviembre de 2025: Marca la entrada plena del nuevo sistema en los juicios ordinarios civiles y familiares. 

El calendario nacional establece que todas las entidades federativas deben adoptar el Código a más tardar el 1 de abril de 2027. 

Puebla y la Armonización Normativa 

El Poder Judicial del Estado de Puebla trabaja en la preparación y armonización normativa, en colaboración con el Congreso local.  

Aunque el estado aún no emite la declaratoria formal para que el Código entre en vigor, el tema forma parte de la agenda legislativa y judicial. Esto incluye mesas de trabajo, análisis técnicos y capacitación al personal jurisdiccional y administrativo. 

La adopción del CNPCyF requerirá ajustes en la infraestructura tecnológica, capacitación a operadores jurídicos. Así como la adecuación de procedimientos internos para asegurar su correcta implementación. 

Adicionalmente, el Congreso de Puebla aprobó modificaciones constitucionales en marzo de 2025. Estas reformas, impulsadas por la Reforma Judicial federal de 2024, buscan fortalecer la independencia judicial y garantizar una justicia cercana y accesible para la ciudadanía. 

Estructura del Poder Judicial Poblano 

Actualmente, el Poder Judicial del Estado se compone de tres órganos principales con funciones en favor de los ciudadanos:  

  • El Consejo de la Judicatura, encargado de la administración y vigilancia. 
  • El Tribunal Superior de Justicia. 
  • El Tribunal de Justicia Administrativa.  

Además, el Consejo de la Judicatura cuenta con cuatro órganos auxiliares que buscan atender necesidades específicas:  

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Así cambia la justicia en México con el nuevo Código Nacional Civil y Familiar
Implementación de la reforma constitucional. Creditos: Especial

Tras la reforma, el poder Judicial pasará a organizarse en un Tribunal de Disciplina Judicial, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal Superior de Justicia. Mientras que el Tribunal de Justicia Administrativa volverá a ser un órgano autónomo. 

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