La Auditoría Superior de la Federación (ASF) expuso un daño patrimonial en cuatro áreas del Gobierno de Puebla durante el 2021. Además de pagos excesivos incomprobables a aviadores y otras irregularidades cometidas en el penúltimo año de la administración de Miguel Barbosa Huerta.
De acuerdo con la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021. La Auditoria encontró un presunto daño patrimonial por parte del gobierno estatal por 3 mil 217 millones 580 mil pesos.
Sin embargo, se indicó que del monto reportado como faltante en la administración estatal, 18 mil 617 millones de pesos ya han sido solventados entre el estado y los ayuntamientos.
La ASF reportó que el daño patrimonial se ha detectado en cuatro entes del Gobierno de Puebla. Éstos son Educación, Saneamiento Financiero, Participaciones federales y el Fondo de Aportaciones.
Para el ramo de Educación, la Auditoría reportó un daño patrimonial por 24 millones 358 mil 800 pesos, por el concepto de Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.
En segundo rubro, el Saneamiento financiero dejó un faltante de 679 millones 76 mil 100 pesos sin justificar, de acuerdo con la Ley de Disciplina. En participaciones federales, el daño patrimonial por el gobierno del estado fue de dos millones 478 millones 851 mil 500 pesos.
Mientras que, el Fondo de Aportaciones, se observó una cantidad sin justificar de cinco millones 183 mil 400 pesos.
Entre las observaciones hechas, la AFS señala que los principales conceptos de daño patrimonial en el Gobierno de Puebla, fue la falta de documentación justificativa. Además de los pagos a trabajadores no adscritos a programas o aviadores.
La Auditoría refirió que se excedieron los montos de pagos a 29 mil 580 trabajadores. Luego de que su salario excedía el monto establecido en el tabulador.
Pagos a burócratas y aviadores sin justificar
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) refirió que 593 millones 458 mil 828 pesos no fueron justificados conforme a los salarios de los más de 29 mil burócratas antes mencionados.
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En tanto, una cantidad de 10 millones 139 mil 363 pesos también son considerados un daño patrimonial en el Gobierno de Puebla. Luego de que se usaron en pagos excedentes para otras mil 494 personas, sin contar con un cargo en la administración.
A esto se suman 826 mil 802 pesos por el pago de salarios de 92 trabajadores, luego de que los dieran de baja en su puesto. Además de 25 mil 854 pesos por tres burócratas que se encontraban en la misma situación.
La ASF detectó la existencia de aviadores que provocaron un presunto daño patrimonial por 45 millones 258 mil 445 pesos que se destinaron al pago de salarios de mil 762 empleados del gobierno.
A las presuntas irregularidades cometidas en el gobierno del estado, se suma el caso de 66 trabajadores que estaban adscritos a seis centros de trabajo. Y que generaron anomalías por 24 millones 358 mil 774 pesos.
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