A menos de un mes de que la Ley de Ciberasedio entró en vigor, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) contabilizó seis denuncias por este delito.
Así lo informó la titular del ente, Idamis Pastor Betancourt, tras mencionar que todas son de particulares, es decir, de ciudadanos y que ninguna la interpuso algún funcionario público.
Durante su intervención en la rueda de prensa del gobernador Alejandro Armenta, la fiscal general destacó que la mayoría de las denuncias por ciberasedio en Puebla son de mujeres.
Sin embargo, entre estas seis también figuran dos que interpusieron padres y madres de familias, luego de detectar que sus hijos son víctimas de bullying y acoso.
Pastor Betancourt detalló que la primera corresponde a un alumno menor de edad de secundaria y la segunda, a uno de bachillerato. No obstante, compañeros acosan a los estudiantes vía redes sociales, a través de grupos creados para ese fin.
Llevamos seis denuncias de particulares son de mujeres y hay algunas denuncias que los padres han iniciado carpetas de investigación porque sus menores han sido bulleados dentro de grupos”.
La aplicación de la Ley de Ciberasedio o Ciberseguridad inició el 13 de junio, tras aprobarla y publicarla en el Periódico Oficial del Estado (POE).
El Congreso de Puebla discutió y presentó la iniciativa en el POE con el fin de castigar malas conductas durante el uso de tecnologías de la información.
Funcionarios públicos no pueden hacer denuncias por ciberasedio en Puebla
Los funcionarios públicos de Puebla no pueden hacer denuncias por ciberasedio, aunque esta ya es válida en la entidad.
Desde el 4 de julio, los diputados del Congreso local propusieron que los servidores públicos no acudan a esta cuando reciban críticas en las redes sociales.
La propuesta aprobada dicta que habrá sanciones y castigos para los que cometan ciberasedio a través de redes sociales, correos electrónicos y otros espacios digitales.
Dichas acciones deberán ser reiteradas o sistemáticas, como la vigilancia constante, el hostigamiento, la intimidación y las ofensas.
En el diálogo donde surgió esta propuesta, se dijo que la cláusula busca proteger y garantizar la libertad de expresión del gremio periodístico.
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