La diputada Gabriela Chumacero presentó una reforma para evitar que las trabajadoras sexuales pierdan la patria potestad de sus hijos por ejercer su oficio en Puebla.
La iniciativa, que entregó ante el Congreso del Estado de Puebla, propone modificar el Código Civil para cerrar lagunas legales.
Desde tribuna, la legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) afirmó que actualmente muchas mujeres enfrentan discriminación cuando cuestionan su capacidad materna por su ocupación.
Esto,explicó, ocurre porque familiares o juzgadores invocan conceptos como “falta de idoneidad” o “peligro moral” para negarles la custodia.
El trabajo sexual no debe ser sinónimo de incapacidad materna. Muchas de estas mujeres ejercen precisamente para sacar adelante a sus familias, y el estado no puede castigarlas quitándoles a sus hijos basándose en prejuicios”.
Además, la legisladora Gabriela Chumacero sostuvo que en Puebla se mantiene una deuda histórica con las mujeres que ejercen el trabajo sexual.
Señaló que muchas continúan en la clandestinidad y sin regulación, situación que incluso genera un problema de salud pública.
Por su parte, integrantes de la colectiva “Chicas de la 14”, conformada por trabajadoras sexuales del Centro Histórico de Puebla, respaldaron la propuesta para frenar la discriminación.
Posteriormente, el Congreso de Puebla turnó la iniciativa a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y dictaminación.
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¿Qué implica la reforma para que trabajadoras sexuales no pierdan la patria potestad en Puebla?
La reforma que presentó Gabriela Chumacero busca fijar límites claros para impedir actos de discriminación institucional bajo ciertos criterios.
Primero, establece que la evaluación de custodia debe basarse en bienestar, cuidado y afecto, no en el origen de los ingresos.
También, prohíbe considerar el trabajo sexual como “abandono” o “mal ejemplo” para menores de edad.
Además, impide que exparejas o familiares utilicen la ocupación de la mujer como mecanismo de chantaje o violencia vicaria.
Finalmente, la agenda mantiene pendiente la regulación y credencialización del trabajo sexual, así como la garantía de una zona de tolerancia.
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