Son siete municipios de Puebla concentraron las denuncias por delitos electorales en el primer cuatrimestre de 2024.
Así se observa en las estadísticas más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Comúnmente los delitos electorales crecen cuando hay proceso electoral y esto se percibe en Puebla.
Los delitos electorales son las acciones u omisiones que ponen en peligro la función electoral y atentan contra las características del voto. Es decir, que sea universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible según la Fiscalía General de la República.
Puebla, Oriental, Quecholac, Yeloixtlahuaca, Miahuatlán, Tecamachalco y Zacatlán fueron los municipios de Puebla donde se concentraron los delitos electorales en el primer cuatrimestre 2024.
En el periodo antes referido fueron denunciados 13 delitos electorales ante la Fiscalía General del Estado.
La capital poblana fue la demarcación de la entidad que acumuló la mayoría de las denuncias de delitos electorales al tener siete acusaciones.
Sobresale que el municipio de Puebla es el que tiene más habitantes, por lo tanto, también más candidatos a elección popular.
Mientras que Oriental, Quecholac, San Pedro Yeloixtlahuaca, Santiago Miahuatlán, Tecamachalco y Zacatlán únicamente acumularon una denuncia, respectivamente.
Al alza denuncias de delitos electorales en Puebla
En el primer cuatrimestre de 2024, se observó una tendencia al alza en denuncias de delitos electorales según el SESNSP.
El 3 de noviembre de 2023 inició el proceso electoral, pero conforme de se acercan las campañas la jornada electoral crecen las denuncias.
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En enero las autoridades contabilizaron una denuncia por delitos electorales; en febrero y marzo dos denuncias, respectivamente. Mientras que en abril subieron a ocho.
Las campañas terminarán el 29 de mayo y la elección será el 2 de junio. Esto luego de prácticamente tres meses de campaña para cargos de elección federal y dos meses para cargos de elección local.
Ejemplos de delitos electorales
Se considera delito electoral cuando un servidor público coacciona o amenaza a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña.
También se considera una irregularidad cuando funcionarios piden que se vote o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición.
Asimismo, se considera una falta que se condicione la prestación de un servicio público y el cumplimiento de programas gubernamentales por votos.
Otro delito electoral es cuando se destinen recursos públicos al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político y coalición.
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