En comisiones, el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad la reforma constitucional para crear la Ley General contra la extorsión.
La iniciativa presentada por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó este martes 30 de septiembre en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La propuesta para crear la Ley General contra la extorsión, avalada en comisiones del Congreso de Puebla, considera reformar el artículo 73 de la Constitución Mexicana.
Anteriormente, la iniciativa del ejecutivo la avaló el Senado con 106 votos a favor, y forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Con esta se busca establecer lineamientos a nivel nacional para prevenir, investigar y sancionar el delito.
Además de establecer mecanismos efectivos entre los tres niveles de gobierno de atención a víctimas, ofendidos y testigos. A través del uso de la tecnología y los sistemas de inteligencia.
La reforma dotará al Congreso de la Unión facultades para expedir una legislación general. Con la que se buscará la homogeneización del tipo penal y las penas en materia de extorsión en todos los estados.
Congreso de Puebla recibió hace cinco días la iniciativa sobre Ley General contra la extorsión aprobada en comisiones
La iniciativa para crear la Ley General contra la extorsión que se avaló en comisiones del Congreso de Puebla, la recibieron el pasado 25 de septiembre.
En dicha fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la propuesta del ejecutivo federal.
Este día, los diputados de la comisión aprobaron por unanimidad la reforma constitucional, con seis votos a favor.
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Dentro de la exposición de motivos, se evidenció que la extorsión es un delito de alto impacto que tiene un incremento a nivel nacional. Por lo que los programas y estrategias resultan insuficientes en todos los órdenes de gobierno.
El delito incrementó en los últimos años en un 57.9 por ciento, al pasar de un promedio de 18.8 casos diarios en 2018 a 29.7 en enero de 2025.
Respecto al tema, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo propuso que la compra de chips telefónicos, tenga que realizarse con una identificación oficial. Las bases de datos estarán bajo resguardo de las compañías y solo podrán consultarse a través de una orden judicial.
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