Diputados de Morena se sumaron a la exigencia del Partido Acción Nacional, para llamar a una comparecencia a la secretaria de Planeación y Finanzas de Puebla, María Teresa Castro. Debido a la inversión fallida en Accendo Banco.
En conferencia de prensa, los morenistas del bloque autodenominado lopezobradorista consideraron como una opción que la funcionaria estatal sea convocada dentro del tercer periodo de sesiones ordinario. Tal y como lo planteo el presidente del Congreso.
Los diputados morenistas, Angélica Cervantes González, Yolanda Gámez Mendoza, Daniela Mier Bañuelos, Carlos Evangelista Aniceto e Iván Herrera Villagómez, lamentaron el “hoyo financiero” que la funcionaria estatal ocultó en dos comparecencias.
No es algo que vamos a dejar pasar, se debe analizar la posibilidad de que la titular de la Secretaría de Finanzas acuda al Congreso a llevar a cabo una comparecencia. Que nos dé una explicación razonable, coherente y lógica, pero sobre todo con bases y documentada. El por qué se llevó a cabo esta inversión y por qué se omitió en el momento de llevar a cabo sus comparecencias”, dijo Cervantes González.
La diputada, Angélica Cervantes criticó el desempeño de la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava. A quien acusó de ser omisa para resolver las cuentas públicas pendientes.
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Esto también es un rezago que se le ha quedado a deber a los poblanos (…) No es una excusa decir que tiene mucho trabajo o que la carga de trabajo es muy saturada, las cuentas públicas no pueden esperar”, comentó la diputada de Morena.
Señaló que los diputados de Morena en el Congreso de Puebla no solaparán la corrupción, por lo que como primer paso pedirán la comparecencia de la titular de Finanzas. Esto para poder evaluar posteriormente la destitución de su cargo.
Esto, después de que el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina dio a conocer la fallida inversión en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta. Quien, a través de la Secretaría de Finanzas, entregó 600 millones de pesos a Accendo Banco, poco antes de irse a la quiebra.
El gobierno del estado se encuentra entre los 69 acreedores que tendrán que esperar al remate de los bienes del banco. Por lo que no existe una fecha concreta para la devolución del recurso público, por lo que ya se considera un daño patrimonial.
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