Alto a la extorsión
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El diputado de Puebla, Miguel Márquez, presentó una iniciativa en el Congreso Local para proponer que funcionarios condenados por delitos ofrezcan disculpas públicas.

La reforma al Código Penal del estado presentada por el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) busca la reparación integral del daño a las víctimas.

Misma que deberá de ser expedita, proporcional y justa, conforme a un plan individualizado, integral, adecuado y efectivo.

Miguel Márquez refirió que, dentro de la normativa local, no se contempla en la reparación del daño que restablezca la dignidad y reputación de la víctima. 

Por lo que la iniciativa pide que además de la aceptación de responsabilidad de parte de los funcionarios de Puebla y la garantía de no repetición del delito, debe haber disculpas públicas.

El diputado ecologista señaló que al integrar estos previstos, se fortalece el sistema de justicia en Puebla y se genera confianza con la ciudadanía. Por ello propone varias modificaciones al Código Penal del Estado, entre ellos:

  • La afectación causada a la víctima o víctimas del delito será determinada por el juez.
  • La reparación del daño a la víctima debe ser expedita, proporcional, justa, oportuna, plena, efectiva e integral.
  • La reparación del daño debe presentar la declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima.
  • La disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, así como la garantía de no repetición, cuando el delito se cometa por un servidor público.

Delitos de servidores serán violaciones a derechos humanos

Asimismo, la diputada Floricel González, presentó otra iniciativa en el Congreso Local sobre la Ley de Victimas del Estado de Puebla.

En ella, detalla los términos de asesor y asesoría jurídica; además establece los conceptos de asistencia y ayuda inmediata. Mientras que deroga el termino de “victima potencial”.

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También en la iniciativa presentada al Congreso se establece que cuando los delitos sean cometidos por un servidor público o en cooperación con uno, será considerado como violatorio a los derechos humanos.

Esto obligará a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) de Puebla a realizar recomendaciones a las instituciones involucradas.

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